PODERES POLÍTICOS Y DE FACTO OBSTACULIZAN A LA JUSTICIA EN OAXACA

Enero 28 de 2010

BOLETIN RUEDA DE PRENSA DE LETICIA VALDÉS MARTELL
(Acompañada del abogado Canseco, de la ex diputada federal Claudia Moreno y la escritora y periodista Sanjuana Martínez).


“Justicia que no es expedita no es justicia”, concluye Felipe Canseco Ruiz, abogado en la causa que se sigue a profesores y directivos del Instituto San Felipe, de Oaxaca, en donde hace más de tres años fue violado el hijo de Leticia Valdés Martell, cuando tenía cuatro años de edad.
La Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca ha retrasado más de medio año su obligación legal de dictar una resolución para confirmar o incrementar la sentencia que ya se dictó en primera instancia por 10 años de cárcel en contra de Magdalena Rufina García Soto, quien entregaba al pequeño a los abusadores.
Otra instancia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó el amparo y la protección de la justicia federal a dos violadores prófugos: Gabriel Hugo Constantino García (codirector del Instituto San Felipe y esposo de la dueña Yolanda León Ramírez) y su sobrino Salvador Adán Pérez Ramírez, maestro de computación. Inexplicablemente el ejecutivo estatal se ha mostrado reacio y contumaz para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de estos perpetradores. Esas órdenes dictadas por el juez Tercero de lo Penal de Oaxaca están vigentes y quienes deberían cumplimentarlas “se hacen de la vista gorda”.
Consta en la acusación que Magdalena llevaba al menor de la mano para ser sometido sexualmente y videofilmado durante el incalificable abuso por parte de los hoy prófugos, contra quienes el poder ejecutivo estatal no ha ejecutado órdenes de aprehensión vigentes.
Se da el caso de que Constantino García se presentó en público. “Vestido de traje de gala con sus familiares en una fiesta, ha sido visto en diversos puntos de Oaxaca y es sabido que mantiene comunicación constante con sus familiares; sólo los encargados de la aprehensión no saben en dónde se encuentra y no han rendido cuentas al juez sobre pesquisa alguna que hayan realizado para lograr la captura”, denuncia un escrito de Felipe Canseco.
“Esta dilación en la impartición de justicia denota que la Tercera Sala Penal está sometida a presiones inconfesables por los traficantes de influencias para lograr la exoneración de la sentenciada”, afirmó el abogado. Tanto la acusada como la familia de la víctima interpusieron amparos contra la sentencia del juez Tercero Penal. Ella para que se le declare inocente; y la defensa del menor violado, para que se aumente el castigo o que por lo menos se confirme.
En opinión del coadyuvante en el caso contra el Instituto San Felipe, los factores que han permitido a los acusados evadir la justicia hasta hoy son “el poder económico corruptor y las influencias políticas”.
Cuando se han vencido todos los tiempos legales para que la Tercera Sala Penal dicte su resolución en el caso de la detenida García Soto, la defensa de Leticia Valdés y su pequeño abusado sexualmente entregaron un escrito para que se dicte ya “la resolución que en derecho corresponde”.
La señora Leticia Valdés Martell escribió al cumplirse tres años de falta de castigo para los culpables de la aberrante agresión:
“Soy madre y representante legal del pequeño abusado sexualmente. Hemos resistido a un incomparable poder de facto que durante tres años ha permitido la libertad al día de hoy de los violadores materiales de mi menor hijo: Adán Salvador Pérez Ramírez, ex maestro de computo, Gabriel Hugo Constantino García, administrador y copropietario del Instituto San Felipe, y esposo de Arcelia Yolanda León Ramírez, Directora General del Plantel. Poder de facto que ya cobró una segunda víctima en mi familia, mi padre, quien falleció a consecuencia de toda esta serie de complicidades estructuradas desde los propios sistemas de procuración de justicia del Estado de Oaxaca, Aunado a la compra masiva de medios corruptos que son la podredumbre de tan digna profesión.
“La única presa de nombre Magdalena Rufina García Soto, maestra de grupo quien llevaba a mi hijo por la fuerza a entregarlo a sus victimarios, ha venido adoptando el papel de víctima, y al no tener defensa de lo indefendible insiste en destrozarme mediáticamente a mí, bajo el muy común perfil de los pederastas quienes tienen como objetivo acabar con la madre y de esta forma acabar con el menor. Esta estrategia miserable cobra fuerza desde el momento en que el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca ha permitido, en la segunda instancia, “guardar” por casi cuatro meses (ahora se rebasó más de medio año), que es lo que tiene el expediente Toca Penal 133/2007, de haber llegado a la Tercera Sala, tiempo de sobra para crear esta estrategia en donde tratan de confundir y de sensibilizar a la ciudadanía para así poder legitimar la indebida libertad de esta pederasta”.

Paradójicamente, mientras la ley se incumple en Oaxaca al no existir voluntad política para ejecutar órdenes de aprehensión dictadas por el juez, recién se aprobó una reforma al código penal que ofrece protección a la integridad psicosexual de todos los niños oaxaqueños.
Hoy se consideran imprescriptibles los delitos cometidos por depredadores sexuales de menores de edad. Con la reforma se echa por tierra el mito de que las denuncias por delitos sexuales deben presentarse de manera inmediata al momento en que sucedieron los hechos.
“La realidad es que en muchas ocasiones las víctimas de delitos sexuales tardan meses o años en poder contar a sus padres o a personas de su confianza lo que les sucedió y tardan aún más en denunciar. Esto ha sucedido en casos que sacudieron a la sociedad mexicana, tales como las violaciones a menores cometidas por el padre (Marcial) Maciel y múltiples casos de pedofilia clerical”, ha dicho el abogado Felipe Canseco.
El problema al que se enfrentan las víctimas en Oaxaca es que una ley, por avanzada y justa que sea, no sirve mayor cosa si no se cumple en la práctica, “si además el poder judicial duda en imponer penas ejemplares a los violadores de niños y niñas y si el poder ejecutivo no cumple con las órdenes de aprehensión que dictan los jueces en contra de los delincuentes sexuales”.