PODERES POLÍTICOS Y DE FACTO OBSTACULIZAN A LA JUSTICIA EN OAXACA

Enero 28 de 2010

BOLETIN RUEDA DE PRENSA DE LETICIA VALDÉS MARTELL
(Acompañada del abogado Canseco, de la ex diputada federal Claudia Moreno y la escritora y periodista Sanjuana Martínez).


“Justicia que no es expedita no es justicia”, concluye Felipe Canseco Ruiz, abogado en la causa que se sigue a profesores y directivos del Instituto San Felipe, de Oaxaca, en donde hace más de tres años fue violado el hijo de Leticia Valdés Martell, cuando tenía cuatro años de edad.
La Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca ha retrasado más de medio año su obligación legal de dictar una resolución para confirmar o incrementar la sentencia que ya se dictó en primera instancia por 10 años de cárcel en contra de Magdalena Rufina García Soto, quien entregaba al pequeño a los abusadores.
Otra instancia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó el amparo y la protección de la justicia federal a dos violadores prófugos: Gabriel Hugo Constantino García (codirector del Instituto San Felipe y esposo de la dueña Yolanda León Ramírez) y su sobrino Salvador Adán Pérez Ramírez, maestro de computación. Inexplicablemente el ejecutivo estatal se ha mostrado reacio y contumaz para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de estos perpetradores. Esas órdenes dictadas por el juez Tercero de lo Penal de Oaxaca están vigentes y quienes deberían cumplimentarlas “se hacen de la vista gorda”.
Consta en la acusación que Magdalena llevaba al menor de la mano para ser sometido sexualmente y videofilmado durante el incalificable abuso por parte de los hoy prófugos, contra quienes el poder ejecutivo estatal no ha ejecutado órdenes de aprehensión vigentes.
Se da el caso de que Constantino García se presentó en público. “Vestido de traje de gala con sus familiares en una fiesta, ha sido visto en diversos puntos de Oaxaca y es sabido que mantiene comunicación constante con sus familiares; sólo los encargados de la aprehensión no saben en dónde se encuentra y no han rendido cuentas al juez sobre pesquisa alguna que hayan realizado para lograr la captura”, denuncia un escrito de Felipe Canseco.
“Esta dilación en la impartición de justicia denota que la Tercera Sala Penal está sometida a presiones inconfesables por los traficantes de influencias para lograr la exoneración de la sentenciada”, afirmó el abogado. Tanto la acusada como la familia de la víctima interpusieron amparos contra la sentencia del juez Tercero Penal. Ella para que se le declare inocente; y la defensa del menor violado, para que se aumente el castigo o que por lo menos se confirme.
En opinión del coadyuvante en el caso contra el Instituto San Felipe, los factores que han permitido a los acusados evadir la justicia hasta hoy son “el poder económico corruptor y las influencias políticas”.
Cuando se han vencido todos los tiempos legales para que la Tercera Sala Penal dicte su resolución en el caso de la detenida García Soto, la defensa de Leticia Valdés y su pequeño abusado sexualmente entregaron un escrito para que se dicte ya “la resolución que en derecho corresponde”.
La señora Leticia Valdés Martell escribió al cumplirse tres años de falta de castigo para los culpables de la aberrante agresión:
“Soy madre y representante legal del pequeño abusado sexualmente. Hemos resistido a un incomparable poder de facto que durante tres años ha permitido la libertad al día de hoy de los violadores materiales de mi menor hijo: Adán Salvador Pérez Ramírez, ex maestro de computo, Gabriel Hugo Constantino García, administrador y copropietario del Instituto San Felipe, y esposo de Arcelia Yolanda León Ramírez, Directora General del Plantel. Poder de facto que ya cobró una segunda víctima en mi familia, mi padre, quien falleció a consecuencia de toda esta serie de complicidades estructuradas desde los propios sistemas de procuración de justicia del Estado de Oaxaca, Aunado a la compra masiva de medios corruptos que son la podredumbre de tan digna profesión.
“La única presa de nombre Magdalena Rufina García Soto, maestra de grupo quien llevaba a mi hijo por la fuerza a entregarlo a sus victimarios, ha venido adoptando el papel de víctima, y al no tener defensa de lo indefendible insiste en destrozarme mediáticamente a mí, bajo el muy común perfil de los pederastas quienes tienen como objetivo acabar con la madre y de esta forma acabar con el menor. Esta estrategia miserable cobra fuerza desde el momento en que el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca ha permitido, en la segunda instancia, “guardar” por casi cuatro meses (ahora se rebasó más de medio año), que es lo que tiene el expediente Toca Penal 133/2007, de haber llegado a la Tercera Sala, tiempo de sobra para crear esta estrategia en donde tratan de confundir y de sensibilizar a la ciudadanía para así poder legitimar la indebida libertad de esta pederasta”.

Paradójicamente, mientras la ley se incumple en Oaxaca al no existir voluntad política para ejecutar órdenes de aprehensión dictadas por el juez, recién se aprobó una reforma al código penal que ofrece protección a la integridad psicosexual de todos los niños oaxaqueños.
Hoy se consideran imprescriptibles los delitos cometidos por depredadores sexuales de menores de edad. Con la reforma se echa por tierra el mito de que las denuncias por delitos sexuales deben presentarse de manera inmediata al momento en que sucedieron los hechos.
“La realidad es que en muchas ocasiones las víctimas de delitos sexuales tardan meses o años en poder contar a sus padres o a personas de su confianza lo que les sucedió y tardan aún más en denunciar. Esto ha sucedido en casos que sacudieron a la sociedad mexicana, tales como las violaciones a menores cometidas por el padre (Marcial) Maciel y múltiples casos de pedofilia clerical”, ha dicho el abogado Felipe Canseco.
El problema al que se enfrentan las víctimas en Oaxaca es que una ley, por avanzada y justa que sea, no sirve mayor cosa si no se cumple en la práctica, “si además el poder judicial duda en imponer penas ejemplares a los violadores de niños y niñas y si el poder ejecutivo no cumple con las órdenes de aprehensión que dictan los jueces en contra de los delincuentes sexuales”.

A LA OPINION PÚBLICA

Oaxaca de Juárez, Oax. 07 de enero de 2010.
1. EL 7 de noviembre de 2006, mi menor hijo, de cuatro años de edad, fue víctima de violación en el Instituto “San Felipe”, siendo atendido por médicos especialistas en diversas materias. El psiquiatra que se hizo cargo del asunto sugirió no enfrentar al niño al doble trauma del Ministerio Público hasta que estuviera en mejores condiciones y en tanto inició un tratamiento para devolverle la confianza y poder obtener del menor los datos para ubicar a los pederastas.
2. El 23 de mayo de 2007 se inició la denuncia formal ante el Ministerio Público especializado en delitos sexuales y me enfrenté a la intención de la entonces titular de esa fiscalía de archivar el asunto e inclusive ofrecer un “arreglo económico”. Con mucho esfuerzo y el apoyo de amplios sectores de la sociedad, logré que se consigne la averiguación previa, dando origen a la causa penal 133/2007, la que se radicó en el Juzgado Tercero de lo Penal, mismo que dictó una sentencia condenatoria de diez años de prisión en contra de MAGDALENA RUFINA GARCÍA SOTO.
3. Además, el Juez Tercero de lo Penal dictó dos órdenes de aprehensión más, en contra de los autores materiales de la violación de mi pequeño, siendo identificados como GABRIEL HUGO CONSTANTINO GARCÍA (copropietario y representante legal del Instituto “San Felipe”) y SALVADOR ADÁN PÉREZ RAMÍREZ. Los dos primeros se encuentran PRÓFUGOS hasta el día de hoy y la única que ha sido procesada y sentenciada a diez años de prisión es la tercera de los mencionados.
4. Ha sido indignante y de enorme preocupación el tráfico de influencias que se ha tratado de ejercer a favor de los responsables de la violación de mi pequeño. Lo anterior debido, principalmente a que el ABOGADO DEFENSOR del Instituto “San Felipe”, fue formalmente el licenciado JORGE FRANCO JIMÉNEZ, padre del C. LIC. JORGE FRANCO VARGAS, quien fue Secretario General de Gobierno de ULISES RUIZ ORTIZ en los años 2005-2006, posteriormente presidente del PRI estatal y actualmente flamante diputado federal y ellos son quienes han intervenido para evitar que sean detenidos los prófugos de la justicia y quienes pretenden que sea liberada la hoy sentenciada en primera instancia Magdalena Rufina García Soto.
5. He emprendido y continuado con decisión un esfuerzo mayúsculo para que los culpables de la violación de mi menor hijo sean castigados en apego a derecho, sin embargo me he enfrentado a la impunidad de los prófugos y a múltiples esfuerzos de verdaderos especialistas en tráfico de influencias para tratar de liberar a la procesada en los distintos momentos jurídicos del proceso.
6. Actualmente el Instituto “san Felipe”, del que son copropietarios el pederasta prófugo GABRIEL HUGO CONSTANTINO GARCÍA y su esposa YOLANDA LEÓN RAMÍREZ, pretenden nuevamente torcer el sentido de la justicia y se ufanan de que tienen las suficientes “influencias” para lograr que la sentenciada MAGDALENA RUFINA GARCÍA SOTO sea liberada en el recurso de apelación que está en curso .
7. En virtud de lo anterior es que EXIGO QUE SE RESUELVA YA Y EN ESTRICTO APEGO A DERECHO EL RECURSO DE APELACIÓN QUE LLEVA MÁS DE SEIS MESES SIENDO ESTUDIADO POR LOS MAGISTRADOS DE LA TERCERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA.
8. EN ESTE SENTIDO SON MUY CLAROS LOS PUNTOS DE VISTA JURÍDICOS Y LAS CONSIDERACIONES QUE YA VIRTIÓ LA PRIMERA SALA PENAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A LOS PRÓFUGOS EN LOS AMPAROS EN REVISIÓN QUE FUERON ATRAÍDOS POR DIICHA INSTANCIA, CON LOS NÚMEROS: 645/2008 y 646/2008.
9. Asimismo es contundente y clara la Recomendación número 4/2008, emitida en relación al caso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dirigida al Gobierno del Estado de Oaxaca, misma que reconoce la justeza de la causa que defiendo con el apoyo de amplios sectores de la sociedad oaxaqueña.
¡¡ EXIGIMOS QUE LA TERCERA SALA PENAL RESUELVA EN APEGO A DERECHO LA APELACIÓN EN EL CASO DE MI MENOR HIJO VIOLADO EN EL INSTITUTO “SAN FELIPE”!!

¡¡ EXIGIMOS EL CESE DEL TRAFICO INFLUENCIAS POR PARTE DE JORGE FRANCO JIMENEZ Y JORGE FRANCO VARGAS!!

¡¡ JUSTICIA, QUE SE CONFIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA A MAGDALENA RUFINA GARCÍA SOTO Y SE EJECUTEN LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN PENDIENTES!!
¡¡NO MÁS DILACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN PENDIENTE EN LA TERCERA SALA PENAL!!

A T E N T A M E N T E

LETICIA VALDÉS MARTELL Y FAMILIA.
FELIPE EDGARDO CANSECO RUIZ, ABOGADO.