martes, 9 de junio de 2009
¿Por qué no el de San Felipe?
La Columna Rota
Por Verónica Villalvazo
Después de 2 años y 2 meses de que Leticia Váldes Martell descubrió que su pequeño de 4 años estaba siendo ultrajado por Hugo Gabriel Constantino García (copropietario del Instituto “San Felipe”) y Adán Salvador Pérez Ramírez (maestro de computación), esposo y sobrino, respectivamente, de Yolanda León Ramírez, directora general y copropietaria del mismo, las autoridades oaxaqueñas han respondido no actuando enérgicamente y aplicando la ley; no, sino protegiendo a los principales implicados en el caso y retardando si no es que torciendo la acción de la justicia.
Además, contrario a otros casos que ahora salen a la luz pública, la señora Leticia ha sido injuriada mediante una campaña mediática de descalificaciones con el fin de demeritar su posición social, su vida personal y atribuyendo motivos políticos y de otra índole a la promoción de los derechos de su pequeño.
Hasta amenazas de muerte contra ella y su familia ha sufrido de los poderosos, no solamente por parte de la directora y personal de dicho Instituto, sino por quien al principio tenía la defensa de los implicados en el caso: Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente estatal del PRI.
Ambos personajes han sido señalados por la ofendida de estar detrás de todo, al propiciar ayuda a los responsables de dicha acusación para que evadan la acción de la justicia, y a últimas fechas, prohijar la defensa actual de los acusados y de la única detenida Magdalena García, a cargo ahora del despacho de abogados que encabeza José Luis Nazar Dawn, hijo del tristemente célebre torturador y policía Miguel Nazar Haro.
Dolorosamente el día 14 de enero de 2009 se descubrió un nuevo caso de pederastia en el estado y lo más degradante en otro kínder, donde el conserje del jardín de niños “Jean Piaget”, Misael Velasco Fabián es señalado por los padres de cuatro menores de atacar sexualmente a sus hijos.
Uno de los lemas que enarbola Leticia Valdés, dice: “Ayúdame a no permitir que un crimen de pederastia le pueda suceder también a tu Hijo”, el cual dignifica aún más la lucha de esta madre llena de coraje y dolor conjugados; para no nada más buscar una justicia que no llega para su pequeño, si no para evitar que este dolor afecte a otras familias.
Lo cuestionable es que mientras los acusados (poderosos) de abusar sexualmente del pequeño de Leticia siguen prófugos; pagando a quienes los apoyan un millón y medio de dólares por su defensa, que salen de quién sabe dónde, los delincuentes no reciben el mismo trato de la “justicia” oaxaqueña como se observa contrariamente en los casos que esta semana han ido apareciendo.
Al ser cuestionados los funcionarios sobre el caso San Felipe, sólo se limitan a decir que “se está trabajando”. Por la pequeña víctima y su madre, que prevalece sin justicia desde mayo del 2007, no hubo un boletín especial por parte del procurador Evencio Nicolás Martínez para decir que “todo el peso de la ley ( recaería ) sobre los responsables del caso”, o que “las investigaciones se llevarían hasta sus últimas consecuencias”, o también que “no habría impunidad en éste ni en ningún otro hecho delictivo”, y “que se brindaría atención médica y psicológica a las víctimas”.
Este lenguaje lamentablemente no se usó para proteger a las víctimas del San Felipe, como contrariamente ya se hizo con el pederasta del “Jean Piaget”.
Nadie está cuestionando esta pronta respuesta de la Procuraduría; al contrario, se aplaude y se espera que en efecto se llegue a las últimas consecuencias. Pero y entonces ante el caso San Felipe, ¿Por qué no? Por qué nadie se mete con los abusadores de un colegio protegido por los poderosos, ¿Por qué no?
Por Verónica Villalvazo
Después de 2 años y 2 meses de que Leticia Váldes Martell descubrió que su pequeño de 4 años estaba siendo ultrajado por Hugo Gabriel Constantino García (copropietario del Instituto “San Felipe”) y Adán Salvador Pérez Ramírez (maestro de computación), esposo y sobrino, respectivamente, de Yolanda León Ramírez, directora general y copropietaria del mismo, las autoridades oaxaqueñas han respondido no actuando enérgicamente y aplicando la ley; no, sino protegiendo a los principales implicados en el caso y retardando si no es que torciendo la acción de la justicia.
Además, contrario a otros casos que ahora salen a la luz pública, la señora Leticia ha sido injuriada mediante una campaña mediática de descalificaciones con el fin de demeritar su posición social, su vida personal y atribuyendo motivos políticos y de otra índole a la promoción de los derechos de su pequeño.
Hasta amenazas de muerte contra ella y su familia ha sufrido de los poderosos, no solamente por parte de la directora y personal de dicho Instituto, sino por quien al principio tenía la defensa de los implicados en el caso: Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente estatal del PRI.
Ambos personajes han sido señalados por la ofendida de estar detrás de todo, al propiciar ayuda a los responsables de dicha acusación para que evadan la acción de la justicia, y a últimas fechas, prohijar la defensa actual de los acusados y de la única detenida Magdalena García, a cargo ahora del despacho de abogados que encabeza José Luis Nazar Dawn, hijo del tristemente célebre torturador y policía Miguel Nazar Haro.
Dolorosamente el día 14 de enero de 2009 se descubrió un nuevo caso de pederastia en el estado y lo más degradante en otro kínder, donde el conserje del jardín de niños “Jean Piaget”, Misael Velasco Fabián es señalado por los padres de cuatro menores de atacar sexualmente a sus hijos.
Uno de los lemas que enarbola Leticia Valdés, dice: “Ayúdame a no permitir que un crimen de pederastia le pueda suceder también a tu Hijo”, el cual dignifica aún más la lucha de esta madre llena de coraje y dolor conjugados; para no nada más buscar una justicia que no llega para su pequeño, si no para evitar que este dolor afecte a otras familias.
Lo cuestionable es que mientras los acusados (poderosos) de abusar sexualmente del pequeño de Leticia siguen prófugos; pagando a quienes los apoyan un millón y medio de dólares por su defensa, que salen de quién sabe dónde, los delincuentes no reciben el mismo trato de la “justicia” oaxaqueña como se observa contrariamente en los casos que esta semana han ido apareciendo.
Al ser cuestionados los funcionarios sobre el caso San Felipe, sólo se limitan a decir que “se está trabajando”. Por la pequeña víctima y su madre, que prevalece sin justicia desde mayo del 2007, no hubo un boletín especial por parte del procurador Evencio Nicolás Martínez para decir que “todo el peso de la ley ( recaería ) sobre los responsables del caso”, o que “las investigaciones se llevarían hasta sus últimas consecuencias”, o también que “no habría impunidad en éste ni en ningún otro hecho delictivo”, y “que se brindaría atención médica y psicológica a las víctimas”.
Este lenguaje lamentablemente no se usó para proteger a las víctimas del San Felipe, como contrariamente ya se hizo con el pederasta del “Jean Piaget”.
Nadie está cuestionando esta pronta respuesta de la Procuraduría; al contrario, se aplaude y se espera que en efecto se llegue a las últimas consecuencias. Pero y entonces ante el caso San Felipe, ¿Por qué no? Por qué nadie se mete con los abusadores de un colegio protegido por los poderosos, ¿Por qué no?
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