Ante la decisión apegada a derecho y responsable del Magistrado Humberto Nicolás Vázquez, de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, de excusarse de conocer la apelación a la sentencia de MAGDALENA RUFINA GARCÍA SOTO (la profesora que llevaba a la fuerza a mi pequeño hijo para ser víctima de violación por GABRIEL HUGO CONSTANTINO GARCÍA y SALVADOR ADÁN PÉREZ RAMÍREZ); la esposa del primer prófugo de la justicia mencionado, ARCELIA YOLANDA LEÓN RAMÍREZ, dueña del Instituto “San Felipe” recrudece su campaña cada día más sucia y revela su absoluta desesperación.
En conferencia de prensa que ofreció a algunos medios de comunicación en la Ciudad de México el día viernes 11 de junio de 2009, a las 13:00 horas, de la cual algunos periodistas indignados por tanta evidente mentira me han proporcionado la grabación íntegra de la misma, la esposa de uno de los prófugos de la justicia ha vertido mentiras e infamias que me veo obligada a desmentir de una manera categórica de la siguiente:
1. ES ABSOLUTAMENTE FALSO QUE YO LE HUBIERA PEDIDO A ARCELIA YOLANDA LEÓN RAMÍREZ, NI POR VÍA TELEFÓNICA NI POR CUALQUIER OTRA VÍA, CANTIDAD ALGUNA DE DINERO A CAMBIO DE LA DIGNIDAD DE MI HIJO. ES ABSURDO E INVEROSÍMIL QUE DOS AÑOS Y MEDIO DESPUÉS DE LOS HECHOS ELLA “RECUERDE” DICHA SITUACIÓN INEXISTENTE. LA REALIDAD ES QUE ANTE EL FRACASO DE SUS INFLUENCIAS Y SUS CAMBIOS DE ESTRATEGIA DEFENSISTAS QUE ESTÁN DOCUMENTADAS EN EL EXPEDIENTE PENAL 133/2007, RADICADO EN EL JUZGADO TERCERO PENAL, HOY ARROJA TIERRA Y LODO, EN LUGAR DE TENER EL VALOR DE HACER QUE SE ENTREGUEN LOS PRÓFUGOS PARA QUE ENFRENTEN UN PROCESO JUDICIAL Y SE DEFIENDAN ANTE LOS TRIBUNALES.
2. YOLANDA LEÓN RECURRE AL DAÑO MORAL Y A LA CALUMNIA AL DENOSTAR EN CONTRA DE MI PERSONA Y PRETENDE SORPRENDER A LOS MEDIOS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA ENTREGANDO COPIAS DE LAS CONCLUSIONES DE SU DEFENSA, PERO YO LE PREGUNTO: ¿PORQUÉ NO SE ATREVE A ENTREGAR COPIA DE LAS CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO? ¿PORQUÉ NO SE ATREVE A ENTREGAR COPIAS DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE LE NEGÓ EL AMPARO A SU MARIDO Y SUS EMPLEADOS? ¿PORQUÉ NO ENTREGA COPIA DE LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS? SENCILLAMENTE PORQUE SABE QUE LOS DOCUMENTOS A LOS QUE ALUDO HUNDEN A SU MARIDO Y A SUS DOS EMPLEADOS, COMO CULPABLES DE LA VILEZA QUE COMETIERON CONTRA MI HIJO.
3. TRATANDO DE SORPRENDER A LA OPINIÓN PÚBLICA, EL INSTITUTO “SAN FELIPE” CONTRATÓ RECIENTEMENTE LOS SERVICIOS DEL LICENCIADO JESÚS GRIJALBA, QUIEN ACTÚA A TÍTULO ESTRICTAMENTE PERSONAL COMO ABOGADO PARTICULAR CONTRATADO POR YOLANDA LEÓN RAMÍREZ, DEBIENDO YO ACLARAR QUE ESTA PERSONA NO REPRESENTA, DE NINGUNA MANERA LA POSICIÓN DE LA SECCIÓN XXII DEL MAGISTERIO OAXAQUEÑO, NI DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA, QUIENES AL CONOCER DE LA INFAME TERGIVERSACIÓN QUE SE HA HECHO A PARTIR DE LA INTERVENCIÓN DE ESE MERCENARIO DEL DERECHO, ME HAN REAFIRMADO SU SOLIDARIDAD Y RESPETO, ASÍ COMO MÚLTIPLES ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, CON QUIENES MARCHÉ EL JUEVES 10 DE JUNIO DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ AL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA Y COMO SE REFRENDARÁ NUEVAMENTE EL DOMINGO 14 DE JUNIO EN QUE LOS ACOMPAÑARÉ EN EL ANIVERSARIO DE LA REPRESIÓN AL MAGISTERIO.
4. ARCELIA YOLANDA LEÓN RAMÍREZ, CREE QUE DESTRUYENDOME A MÍ, LA MADRE DEL MENOR VÍCTIMA DE VIOLACIÓN EN EL INSTITUTO DE SU PROPIEDAD, POR SU PROPIO MARIDO, PUEDEN DESTRUIR LA ACUSACIÓN QUE MI HIJO DE CUATRO AÑOS DE EDAD SOSTUVO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO QUE HIZO LA INDAGATORIA DURANTE CASI DOCE HORAS EN VARIAS COMPARECENCIAS. SE HA CANSADO DE DIFAMARME Y DAÑARME MORALMENTE LLAMANDOME DESDE MENTIROSA, HASTA PROSTITUTA, CREE QUE PUEDE CONVENCER A LA CIUDADANÍA Y A LOS MAGISTRADOS QUE SOY TAN TERRIBLE QUE HE PODIDO ENGAÑAR A MINISTERIO PÚBLICOS, JUECES ESTATALES Y FEDERALES, MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS, A LA SECCIÓN XXII Y LAS ORGANIZACIONES DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA. SE EQUIVOCA ESA DEFENSORA DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA POR EL DELITO DE VIOLACIÓN. SON LAS PRUEBAS LAS QUE HAN CAUSADO CONVICCIÓN EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS, NO LETICIA VALDÉS MARTELL.
5. EN EL COLMO DEL ABSURDO, ME ACUSA DE ESTAR RESPALDADA POR ORGANIZACIONES RADICALES Y SE ATREVE A SIMULAR EL APOYO DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA, A TRAVÉS DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL ABOGADO JESÚS GRIJALBA, EN SU CONFERENCIA DE PRENSA DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2009.
6. MI FAMILIA Y YO NO TENEMOS LAS CANTIDADES MILLONARIAS QUE ARCELIA YOLANDA LEÓN RAMÍREZ ESTÁ GASTANDO EN PAGAR ESPECTACULARES, SPOTS DE RADIO, CONFERENCIAS DE PRENSA ARREGLADAS, ESPACIOS EN LOS MEDIOS QUE SE PRESTAN A LA MENTIRA Y A LA INFAMIA, PERO NO DESCANSAREMOS HASTA QUE SE HAGA JUSTICIA ANTE EL TERRIBLE DAÑO QUE OCASIONARON A MI HIJO CUANDO TENÍA CUATRO AÑOS DE EDAD. ¡NO PERMITAMOS QUE TUERZAN EL SENTIDO DE LA JUSTICIA! ¡EXIGIMOS UNA RESOLUCIÓN EN APEGO A DERECHO EN EL RECURSO DE APELACIÓN!
LETICIA VALDÉS MARTELL FAMILIA VALDÉS MARTELL
LICENCIADOS COADYUVANTES: FELIPE EDGARDO CANSECO RUIZ y FORTINO LÓPEZ VÁZQUEZ
martes, 16 de junio de 2009
BOLETIN DE PRENSA SECCIÓN XXII
El día de hoy la sección 22 del magisterio Oaxaqueño participó en la movilización Nacional convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE con el diez por ciento de sus bases en la Ciudad de México.
Azael Santiago Chepi secretario general de la sección XXII informó que en la movilización de la CNTE, en la ciudad de México, participaron aproximadamente 5000 profesores de las bases magisteriales de Oaxaca, y “con esto se cumplió casi en su totalidad el acuerdo emanado de la Asamblea Estatal”.
Es importante resaltar que gracias a la movilización de la CNTE , y el trabajo legal de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la sección XXII, este viernes se logro la liberación de 13 de los compañeros integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), detenidos el pasado 10 de junio durante la represión; quedando aun en prisión los compañeros Evaristo Mateo y Mariano Rolon, de los cuales Santiago Chepi, indicó estarán pendientes para que se concretice su liberación.
Saliendo del zócalo de la capital del país la CNTE recorrió, las sedes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el Senado de la República, en el Centro Histórico, la Secretaría de Gobernación (Segob), localizada en el cruce de avenida Bucareli y la calle de Atenas.
Miles de maestros de Puebla, Baja California, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y Oaxaca siendo la más numerosa, realizaron mítines en diferentes en dependencias federales con el objetivo de seguir manteniendo el rotundo no a la pretensión de reformar, los artículos 3º y el 31 Constitucional, el rechazo a la ACE, a las políticas privatizadores y la ley del ISSSTE.
Santiago Chepi dio a conocer que el próximo lunes la CNTE tendrá respuesta de alguna fecha en especifico; en que puedan entrevistarse con los funcionarios de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), expuso, que dicho planteamiento no había tenido eco con los gobiernos panistas, lo cual constituye un logro en el avance del movimiento Nacional de la CNTE.
Respecto a las declaraciones de un supuesto vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca sobre el caso del Instituto San Felipe; que este viernes se deslindó de la señora Leticia Valdés Martell.
El Secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección XXII Gustavo Tomas Hernández Cruz , aclaró que la señora Valdés Martell en dos ocasiones ha solicitado la solidaridad de la sección XXII, y las bases del magisterio; en acuerdo estatal decidieron darle el apoyo jurídico por lo que reiteró se seguirá brindado, y permanecerán vigilantes del proceso legal que lleva este caso.
Azael Santiago Chepi secretario general de la sección XXII informó que en la movilización de la CNTE, en la ciudad de México, participaron aproximadamente 5000 profesores de las bases magisteriales de Oaxaca, y “con esto se cumplió casi en su totalidad el acuerdo emanado de la Asamblea Estatal”.
Es importante resaltar que gracias a la movilización de la CNTE , y el trabajo legal de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la sección XXII, este viernes se logro la liberación de 13 de los compañeros integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), detenidos el pasado 10 de junio durante la represión; quedando aun en prisión los compañeros Evaristo Mateo y Mariano Rolon, de los cuales Santiago Chepi, indicó estarán pendientes para que se concretice su liberación.
Saliendo del zócalo de la capital del país la CNTE recorrió, las sedes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el Senado de la República, en el Centro Histórico, la Secretaría de Gobernación (Segob), localizada en el cruce de avenida Bucareli y la calle de Atenas.
Miles de maestros de Puebla, Baja California, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y Oaxaca siendo la más numerosa, realizaron mítines en diferentes en dependencias federales con el objetivo de seguir manteniendo el rotundo no a la pretensión de reformar, los artículos 3º y el 31 Constitucional, el rechazo a la ACE, a las políticas privatizadores y la ley del ISSSTE.
Santiago Chepi dio a conocer que el próximo lunes la CNTE tendrá respuesta de alguna fecha en especifico; en que puedan entrevistarse con los funcionarios de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), expuso, que dicho planteamiento no había tenido eco con los gobiernos panistas, lo cual constituye un logro en el avance del movimiento Nacional de la CNTE.
Respecto a las declaraciones de un supuesto vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca sobre el caso del Instituto San Felipe; que este viernes se deslindó de la señora Leticia Valdés Martell.
El Secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección XXII Gustavo Tomas Hernández Cruz , aclaró que la señora Valdés Martell en dos ocasiones ha solicitado la solidaridad de la sección XXII, y las bases del magisterio; en acuerdo estatal decidieron darle el apoyo jurídico por lo que reiteró se seguirá brindado, y permanecerán vigilantes del proceso legal que lleva este caso.
martes, 9 de junio de 2009
MÉXICO· Madre Coraje
Tomó conciencia de que su hijo de cuatro años de edad había sido violado
Leticia decidió sacar los hechos a la luz pública. Gracias a las reacciones de los medios locales de comunicación y a los ciudadanos que no tardaron en tomar las calles, el gobierno de Ulises Ruiz se vio obligado a solicitar la aprehensión de los acusados
Ella se llama Leticia Valdés Martell y ha decidido llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Sabe que a través de la atroz experiencia por la que atravesó su hijo se expresa la monstruosidad de un crimen social que por mucho la trasciende.
Leticia tomó conciencia de que su hijo de cuatro años de edad había sido violado cuando, en casa, el menor arrojó semen y sangre dentro de la taza del WC. Fue hasta ese momento que pudo reconstruir mentalmente la hebra de los hechos sufridos por el niño durante las tres semanas anteriores.
Entendió por
Con la muestra de esperma dentro de un frasco y el espíritu devastado, Leticia visitó médicos y siquiatras. Ella se define como madre y padre a la vez, pero los abuelos del menor no le han dejado enfrentar sola esta tragedia.
Primero tortuosamente y después de manera más fluida, el menor abusado pudo narrar la experiencia. A través de dibujos y algunas expresiones verbales reveló lo ocurrido.
En el Instituto San Felipe —uno de los más prestigiados de la ciudad de Oaxaca— su maestra, Magdalena García Soto; el esposo de la directora y dueña de la institución, Hugo Constantino García, y el maestro de computación, Adán Salvador Pérez, participaron, más de una vez, en el acoso y violación del menor.
El hijo de Leticia contó que mientras abusaban de él hubo siempre una cámara de video filmando los hechos. Afirma que lo colocaban encima de una plancha de hielo, sobre sus manos y rodillas, lo amordazaban y también esposaban.
Mientras tanto le gritaban. Ahí aprendió las palabras que luego repetiría durante sus pesadillas.
Después de prepararse sicológicamente, y de hacerlo también con su hijo, Leticia optó por llevar el asunto ante las autoridades del estado. Visitó primero al procurador general del estado, Evencio Martínez y luego presentó una denuncia ante el ministerio público de la entidad.
Cuál no sería su sorpresa a la hora en que comenzó a experimentar las complicidades tejidas entre el gobierno de Ulises Ruiz y los propietarios de la escuela.
En lugar de detener al menos de manera preventiva a los inculpados, el ministerio público se tardó cinco largos meses en solicitar a un juez la orden de aprehensión. En tanto, Constantino, Pérez y García Soto siguieron haciendo su vida “normal” la escuela.
Alrededor de 150 días después de presentada la denuncia, Leticia recibió una llamada de la procuradora especial para delitos sexuales de la entidad, Aída Gómez Piñón. Ella quería verle.
Durante la cita, la autoridad le propuso resolver el conflicto —como si se tratara de un accidente automovilístico— a través de una compensación monetaria.
Por extraordinario que parezca, la encargada de proteger a los oaxaqueños de crímenes sexuales optó por jugar el muy inmoral papel de mediadora económica.
Hincada aún más en su rabia por este episodio, Leticia decidió sacar los hechos a la luz pública. Fue gracias a las reacciones de los medios locales de comunicación y a los ciudadanos que no tardaron en tomar las calles que, finalmente, el gobierno de Ulises Ruiz se vio obligado a solicitar la aprehensión de los acusados.
Desgraciadamente los inculpados contaron con suficiente tiempo para fugarse. Por su calculada negligencia, las autoridades sólo pudieron detener a Magdalena García Soto. Hugo Constantino y Adán Salvador Pérez se esfumaron.
Un dato que llama políticamente la atención es que el abogado de la escuela San Felipe sea Jorge Eduardo Franco Jiménez. Un hombre muy influyente en Oaxaca, ya que entre sus antecedentes tiene haber sido legislador suplente de Ulises Ruiz, cuando el actual gobernador fuera senador de la República.
Este abogado es además el padre del actual líder del PRI en Oaxaca, también de nombre Jorge Eduardo Franco, quien antes fuera secretario general del gobierno local y actualmente está acusado por haber participado en la desaparición de dos de los líderes más importantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Evidentemente la influencia que la familia Franco tiene sobre el gobierno de Ulises Ruiz es muy superior a la que, hasta hoy, Leticia Velasco Martell posee.
Para contrarrestar, ella ha acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos —instancia que le dio la razón y respaldo— y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en breve, podría atraer el caso.
Hace tres semanas, efectivos de la Procuraduría General de la República y de la Agencia Federal de Investigaciones detuvieron un carro donde supuestamente se transportaba el señor Hugo Constantino García.
Se reporta que efectivos de la policía local encañonaron a los agentes federales y ayudaron a que, otra vez, escapara el ocupante del vehículo.
La noticia tomó por sorpresa a los oaxaqueños, pero no los escandalizó. Ha dejado de llamar la atención que en Oaxaca la autoridad local esté vinculada a hechos de crimen y corrupción.
La violación y filmación del hijo de Leticia son hechos que, por mucho, rebasan a esta valientísima madre: México es el segundo productor de pornografía infantil en el mundo.
Según instancias internacionales, cerca de 80 mil bebés, niños y adolescentes mexicanos caen anualmente en las garras de la red criminal que, en nuestro país, se dedica a la pederastia, a la corrupción y a la compra-venta de imágenes y videos donde se victimizan a los menores.
Cabe destacar que se trata de una fuente inmensa de recursos. A manera de ilustración, una película pornográfica con niños se vende en el mercado en alrededor de 200 mil pesos mexicanos.
Este asunto —como cualquier otro vinculado al crimen organizado— sólo puede subsistir gracias al apoyo que los victimarios reciben de las autoridades gubernamentales.
Si ocurre esta monstruosa tragedia es por la negligencia y por la asociación delictuosa del Estado. VANGUARDIA
* Ricardo Raphael es Maestro en ciencias políticaspor el Instituto de Estudios Políticos de París, y en Administración Pública por la ENA, Francia. Realizó estudios doctorales en Claremont, California.
Hoy es profesor de la División de Administración Pública del CIDE; analista político, articulista y columnista. M iembro de la mesa editorial de Nexos y del Consejo Consultivo del Conapo. Cuenta con diversas publicaciones sobre transición democrática, función pública, sistema de partidos, derechos y ciudadanía.
Leticia decidió sacar los hechos a la luz pública. Gracias a las reacciones de los medios locales de comunicación y a los ciudadanos que no tardaron en tomar las calles, el gobierno de Ulises Ruiz se vio obligado a solicitar la aprehensión de los acusados
Ella se llama Leticia Valdés Martell y ha decidido llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Sabe que a través de la atroz experiencia por la que atravesó su hijo se expresa la monstruosidad de un crimen social que por mucho la trasciende.
Leticia tomó conciencia de que su hijo de cuatro años de edad había sido violado cuando, en casa, el menor arrojó semen y sangre dentro de la taza del WC. Fue hasta ese momento que pudo reconstruir mentalmente la hebra de los hechos sufridos por el niño durante las tres semanas anteriores.
Entendió por
Con la muestra de esperma dentro de un frasco y el espíritu devastado, Leticia visitó médicos y siquiatras. Ella se define como madre y padre a la vez, pero los abuelos del menor no le han dejado enfrentar sola esta tragedia.
Primero tortuosamente y después de manera más fluida, el menor abusado pudo narrar la experiencia. A través de dibujos y algunas expresiones verbales reveló lo ocurrido.
En el Instituto San Felipe —uno de los más prestigiados de la ciudad de Oaxaca— su maestra, Magdalena García Soto; el esposo de la directora y dueña de la institución, Hugo Constantino García, y el maestro de computación, Adán Salvador Pérez, participaron, más de una vez, en el acoso y violación del menor.
El hijo de Leticia contó que mientras abusaban de él hubo siempre una cámara de video filmando los hechos. Afirma que lo colocaban encima de una plancha de hielo, sobre sus manos y rodillas, lo amordazaban y también esposaban.
Mientras tanto le gritaban. Ahí aprendió las palabras que luego repetiría durante sus pesadillas.
Después de prepararse sicológicamente, y de hacerlo también con su hijo, Leticia optó por llevar el asunto ante las autoridades del estado. Visitó primero al procurador general del estado, Evencio Martínez y luego presentó una denuncia ante el ministerio público de la entidad.
Cuál no sería su sorpresa a la hora en que comenzó a experimentar las complicidades tejidas entre el gobierno de Ulises Ruiz y los propietarios de la escuela.
En lugar de detener al menos de manera preventiva a los inculpados, el ministerio público se tardó cinco largos meses en solicitar a un juez la orden de aprehensión. En tanto, Constantino, Pérez y García Soto siguieron haciendo su vida “normal” la escuela.
Alrededor de 150 días después de presentada la denuncia, Leticia recibió una llamada de la procuradora especial para delitos sexuales de la entidad, Aída Gómez Piñón. Ella quería verle.
Durante la cita, la autoridad le propuso resolver el conflicto —como si se tratara de un accidente automovilístico— a través de una compensación monetaria.
Por extraordinario que parezca, la encargada de proteger a los oaxaqueños de crímenes sexuales optó por jugar el muy inmoral papel de mediadora económica.
Hincada aún más en su rabia por este episodio, Leticia decidió sacar los hechos a la luz pública. Fue gracias a las reacciones de los medios locales de comunicación y a los ciudadanos que no tardaron en tomar las calles que, finalmente, el gobierno de Ulises Ruiz se vio obligado a solicitar la aprehensión de los acusados.
Desgraciadamente los inculpados contaron con suficiente tiempo para fugarse. Por su calculada negligencia, las autoridades sólo pudieron detener a Magdalena García Soto. Hugo Constantino y Adán Salvador Pérez se esfumaron.
Un dato que llama políticamente la atención es que el abogado de la escuela San Felipe sea Jorge Eduardo Franco Jiménez. Un hombre muy influyente en Oaxaca, ya que entre sus antecedentes tiene haber sido legislador suplente de Ulises Ruiz, cuando el actual gobernador fuera senador de la República.
Este abogado es además el padre del actual líder del PRI en Oaxaca, también de nombre Jorge Eduardo Franco, quien antes fuera secretario general del gobierno local y actualmente está acusado por haber participado en la desaparición de dos de los líderes más importantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Evidentemente la influencia que la familia Franco tiene sobre el gobierno de Ulises Ruiz es muy superior a la que, hasta hoy, Leticia Velasco Martell posee.
Para contrarrestar, ella ha acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos —instancia que le dio la razón y respaldo— y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en breve, podría atraer el caso.
Hace tres semanas, efectivos de la Procuraduría General de la República y de la Agencia Federal de Investigaciones detuvieron un carro donde supuestamente se transportaba el señor Hugo Constantino García.
Se reporta que efectivos de la policía local encañonaron a los agentes federales y ayudaron a que, otra vez, escapara el ocupante del vehículo.
La noticia tomó por sorpresa a los oaxaqueños, pero no los escandalizó. Ha dejado de llamar la atención que en Oaxaca la autoridad local esté vinculada a hechos de crimen y corrupción.
La violación y filmación del hijo de Leticia son hechos que, por mucho, rebasan a esta valientísima madre: México es el segundo productor de pornografía infantil en el mundo.
Según instancias internacionales, cerca de 80 mil bebés, niños y adolescentes mexicanos caen anualmente en las garras de la red criminal que, en nuestro país, se dedica a la pederastia, a la corrupción y a la compra-venta de imágenes y videos donde se victimizan a los menores.
Cabe destacar que se trata de una fuente inmensa de recursos. A manera de ilustración, una película pornográfica con niños se vende en el mercado en alrededor de 200 mil pesos mexicanos.
Este asunto —como cualquier otro vinculado al crimen organizado— sólo puede subsistir gracias al apoyo que los victimarios reciben de las autoridades gubernamentales.
Si ocurre esta monstruosa tragedia es por la negligencia y por la asociación delictuosa del Estado. VANGUARDIA
* Ricardo Raphael es Maestro en ciencias políticaspor el Instituto de Estudios Políticos de París, y en Administración Pública por la ENA, Francia. Realizó estudios doctorales en Claremont, California.
Hoy es profesor de la División de Administración Pública del CIDE; analista político, articulista y columnista. M iembro de la mesa editorial de Nexos y del Consejo Consultivo del Conapo. Cuenta con diversas publicaciones sobre transición democrática, función pública, sistema de partidos, derechos y ciudadanía.
Justicia en Oaxaca
Por Carmen Aristegui F.
Reforma
(16-Ene-2009).-
Hace más de un año conocí la historia de Leticia Valdés. Mujer joven, madre de un pequeño de escasos 5 años que fue violado, agredido sexualmente y probablemente grabado o fotografiado en el Instituto San Felipe de la capital del estado de Oaxaca.
Después de varios días de recibir a su niño, de manos del colegio, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos se encontró con las evidencias de la violación sexual a la que estaba siendo sometido. Al auxiliar al pequeño en la limpieza, después de evacuar en el baño de su casa, se percató horrorizada de que lo que había expulsado el niño era líquido seminal. El doctor Isaías Valdés, abuelo del niño y médico de la localidad, guió por teléfono a la madre para conservar la evidencia de forma apropiada para presentarla como elemento clave en una investigación. Así lo hizo, y emprendió, a partir de ahí, una larga y fatigosa tarea para denunciar a los responsables de la violación de su pequeño hijo.
La señora Valdés, decidida a que los hechos que dañaron a su hijo no queden impunes y a que lo que le ocurrió al pequeño no le ocurra a nadie más, ha recorrido el tormentoso laberinto de la -llamémosla de algún modo- justicia oaxaqueña. Después de un año de no hablar con ella me he vuelto a encontrar con la señora Valdés y he podido repasar el caso. La revisión del caso nos muestra, nuevamente, las irregularidades cometidas durante el tortuoso proceso judicial, encabezado por el juez tercero de lo penal en Oaxaca. Se puede observar cómo, desde el principio, el caso no siguió el curso imparcial de un proceso judicial sino que se distorsionó desde el momento en que los copropietarios del instituto, Gabriel Hugo Constantino García, presunto pederasta prófugo, y su esposa, Yolanda León Ramírez, contaron con la defensa del abogado Jorge Franco, a la sazón parte del grupo político del gobernador Ulises Ruiz, quien ha tenido -según las narraciones- a la Procuraduría de Justicia del Estado literalmente a su servicio. El caso de la señora Valdés y su pequeño hijo es un botón de muestra de la inoperancia política y judicial que padece este estado de la República y que ha quedado acreditada a raíz del conflicto social y político que generó la revuelta popular con más de 20 muertes en el estado aún sin esclarecerse, entre otras muchas anomalías que invaden el "caso Oaxaca". Asunto que, por cierto, se encuentra siendo revisado por el máximo tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Es de esperarse que este año la Corte se pronuncie sobre el asunto y emita una resolución que pueda condenar la impunidad que ha marcado este conflicto. Junto a este tema que involucra factores múltiples y alcanza una gran repercusión social, sería deseable que se trajera a esta revisión amplia de la situación en Oaxaca también -aun de forma colateral- el caso de la señora Valdés y su pequeño hijo como una evidencia más del profundo problema que padece el sistema de justicia del estado. Máxime que la misma Suprema Corte conoce del caso, una vez que la señora Valdés logró la intervención de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien promovió la revisión del caso del Instituto San Felipe. La Corte atendió el asunto y se pronunció al respecto con una serie de medidas que no han sido debidamente atendidas, según señala la señora Valdés, quien acusó directamente al juez tercero de actuar bajo la consigna del gobernador Ulises Ruiz.
Por lo pronto, este caso -que ha tomado notoriedad en algunos medios de comunicación- ha dado un nuevo giro. Ya no sólo cuenta el instituto y estas personas con una defensa estrechamente cercana al gobernador Ruiz, tan cercana como que ha formado parte activa del grupo político del mandatario con cargos en la Secretaría General del estado y la suplencia como senador cuando Ruiz ostentaba ese cargo antes de ser gobernador. Esta situación, de suyo grave por la violación de un menor, arroja también información sobre posibles abusos a otros niños del mismo instituto y la posibilidad de la existencia de una red o algún otro tipo de organización dedicada al abuso de menores y pornografía infantil. Hay referencias, en los testimonios, de la existencia de cámaras, por ejemplo, en el lugar en donde el niño refiere que hubo las violaciones.
El punto es que, más de un año después, este caso que por extrañas razones ha movilizado una gran cantidad de recursos tanto económicos como políticos del entorno del gobernador Ruiz, ahora cuenta con una defensa reforzada. Han sido contratados -nada más ni nada menos que- los servicios del despacho de abogados que encabeza José Luis Nassar Daw -hijo del tristemente célebre Miguel Nassar Haro- y cuyos servicios de defensa, según se sabe, implican fuertes erogaciones a quien los requiere. ¿Por qué se despliegan tantos recursos en torno al caso del niño de Oaxaca? ¿Acaso la madre, con su activismo y constancia, se acerca a algo que no conviene que sea revelado?
Reforma
(16-Ene-2009).-
Hace más de un año conocí la historia de Leticia Valdés. Mujer joven, madre de un pequeño de escasos 5 años que fue violado, agredido sexualmente y probablemente grabado o fotografiado en el Instituto San Felipe de la capital del estado de Oaxaca.
Después de varios días de recibir a su niño, de manos del colegio, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos se encontró con las evidencias de la violación sexual a la que estaba siendo sometido. Al auxiliar al pequeño en la limpieza, después de evacuar en el baño de su casa, se percató horrorizada de que lo que había expulsado el niño era líquido seminal. El doctor Isaías Valdés, abuelo del niño y médico de la localidad, guió por teléfono a la madre para conservar la evidencia de forma apropiada para presentarla como elemento clave en una investigación. Así lo hizo, y emprendió, a partir de ahí, una larga y fatigosa tarea para denunciar a los responsables de la violación de su pequeño hijo.
La señora Valdés, decidida a que los hechos que dañaron a su hijo no queden impunes y a que lo que le ocurrió al pequeño no le ocurra a nadie más, ha recorrido el tormentoso laberinto de la -llamémosla de algún modo- justicia oaxaqueña. Después de un año de no hablar con ella me he vuelto a encontrar con la señora Valdés y he podido repasar el caso. La revisión del caso nos muestra, nuevamente, las irregularidades cometidas durante el tortuoso proceso judicial, encabezado por el juez tercero de lo penal en Oaxaca. Se puede observar cómo, desde el principio, el caso no siguió el curso imparcial de un proceso judicial sino que se distorsionó desde el momento en que los copropietarios del instituto, Gabriel Hugo Constantino García, presunto pederasta prófugo, y su esposa, Yolanda León Ramírez, contaron con la defensa del abogado Jorge Franco, a la sazón parte del grupo político del gobernador Ulises Ruiz, quien ha tenido -según las narraciones- a la Procuraduría de Justicia del Estado literalmente a su servicio. El caso de la señora Valdés y su pequeño hijo es un botón de muestra de la inoperancia política y judicial que padece este estado de la República y que ha quedado acreditada a raíz del conflicto social y político que generó la revuelta popular con más de 20 muertes en el estado aún sin esclarecerse, entre otras muchas anomalías que invaden el "caso Oaxaca". Asunto que, por cierto, se encuentra siendo revisado por el máximo tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Es de esperarse que este año la Corte se pronuncie sobre el asunto y emita una resolución que pueda condenar la impunidad que ha marcado este conflicto. Junto a este tema que involucra factores múltiples y alcanza una gran repercusión social, sería deseable que se trajera a esta revisión amplia de la situación en Oaxaca también -aun de forma colateral- el caso de la señora Valdés y su pequeño hijo como una evidencia más del profundo problema que padece el sistema de justicia del estado. Máxime que la misma Suprema Corte conoce del caso, una vez que la señora Valdés logró la intervención de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien promovió la revisión del caso del Instituto San Felipe. La Corte atendió el asunto y se pronunció al respecto con una serie de medidas que no han sido debidamente atendidas, según señala la señora Valdés, quien acusó directamente al juez tercero de actuar bajo la consigna del gobernador Ulises Ruiz.
Por lo pronto, este caso -que ha tomado notoriedad en algunos medios de comunicación- ha dado un nuevo giro. Ya no sólo cuenta el instituto y estas personas con una defensa estrechamente cercana al gobernador Ruiz, tan cercana como que ha formado parte activa del grupo político del mandatario con cargos en la Secretaría General del estado y la suplencia como senador cuando Ruiz ostentaba ese cargo antes de ser gobernador. Esta situación, de suyo grave por la violación de un menor, arroja también información sobre posibles abusos a otros niños del mismo instituto y la posibilidad de la existencia de una red o algún otro tipo de organización dedicada al abuso de menores y pornografía infantil. Hay referencias, en los testimonios, de la existencia de cámaras, por ejemplo, en el lugar en donde el niño refiere que hubo las violaciones.
El punto es que, más de un año después, este caso que por extrañas razones ha movilizado una gran cantidad de recursos tanto económicos como políticos del entorno del gobernador Ruiz, ahora cuenta con una defensa reforzada. Han sido contratados -nada más ni nada menos que- los servicios del despacho de abogados que encabeza José Luis Nassar Daw -hijo del tristemente célebre Miguel Nassar Haro- y cuyos servicios de defensa, según se sabe, implican fuertes erogaciones a quien los requiere. ¿Por qué se despliegan tantos recursos en torno al caso del niño de Oaxaca? ¿Acaso la madre, con su activismo y constancia, se acerca a algo que no conviene que sea revelado?
Miguel Angel Granados Chapa escribió sobre el caso del Instituto San Felipe
PLAZA PÚBLICA / La Corte defiende a los niños
Por Miguel Ángel Granados Chapa
(31-Oct-2008)
Aunque la investigación constitucional de la Suprema Corte sobre la violación de las garantías individuales de Lydia Cacho concluyó en la exoneración del gobernador Mario Marín, dejó en ese tribunal una semilla que el miércoles produjo uno de sus primeros frutos: la expedición de un criterio judicial sobre la extensión de la protección a los menores.
En aquella indagación infortunadamente fallida, el ministro Juan Silva Meza se percató del trascendental fondo del asunto que se expresó en el intento de acallar a la periodista y escritora por sus denuncias contra la pederastia y el comercio sexual infantil. Se trata de una agresión permanente de mafias internacionales a los derechos de los menores, que deben ser protegidos con diligencia extrema y por lo tanto castigados, con igualmente extremo rigor, quienes atentan contra ellos.
Esa percepción general se tradujo anteayer en una relevante sentencia de la primera sala de la Corte en un caso específico, cuyo alcance fue anticipado el 20 de mayo cuando el máximo tribunal aceptó atraer el caso de un niño violado por maestros del colegio al que asistía (que además grababan en video la agresión), en que un juez de distrito amparó a los acusados. La madre de la víctima solicitó que la Corte se hiciera cargo de la revisión, pedido que la ministra Olga María Sánchez Cordero hizo viable al presentarlo como suyo ante la sala. Al encargarse del caso, los ministros sabían que atenderlo “permitirá establecer criterios en torno a los derechos de las víctimas de delitos, en especial cuando se trata de niños, que deben cuidar las autoridades y que no sólo están contemplados en la Constitución, sino también en tratados internacionales firmados por México”.
En tal dirección se orientó la ponencia presentada por Silva Meza, con la que concordaron tres de sus compañeros de sala, mientras que hubo sólo un voto en contra. La sentencia resultante precisó que “cuando la víctima del delito es un menor, cuenta no sólo con las garantías que la Constitución federal prevé en su favor, sino también con la protección y tutela de la Convención sobre Derechos del Niño, cuya observancia es obligatoria y por ello debe suplirse la queja deficiente, independientemente de quienes promuevan o, incluso, cuando sin ser parte pudiera resultar afectado por la resolución que se dicte”. Según el resumen del fallo ofrecido a los medios, la sala concluyó que en un asunto como el resuelto el miércoles “dado que… la víctima es un menor de edad, todos los órganos jurisdiccionales, autoridades e instituciones que tengan que intervenir a lo largo del procedimiento penal respectivo, deberán observar los derechos fundamentales y garantías individuales con que cuenta el niño”.
El caso fue denunciado ante el Ministerio Público local en Oaxaca en noviembre de 2006 por la señora Leticia Valdez Martell, madre de la víctima, que sólo tenía cinco años de edad en los días en que fue atacado y cursaba el segundo grado de preescolar en el Instituto San Felipe, hasta ese momento un plantel privado de prestigio y al que el niño había sido inscrito en agosto, al comienzo del ciclo lectivo. Entre septiembre y noviembre el comportamiento del chico denotó que lo afectaba alguna circunstancia grave que sólo se aclaró cuando su madre encontró indicios de que se le había atacado sexualmente. El niño narró su tragedia, el ataque repetido que sufrió a manos de dos profesores de materias especiales, auxiliados por una maestra de grupo. Uno de los señalados, Hugo Gabriel Constantino, es el esposo de la directora del instituto, Yolanda León, muy bien situada en los círculos políticos de Oaxaca. El ahora alcalde capitalino, el priista José Antonio Hernández Fraguas, que había invitado a la señora León a formar parte de su planilla, inauguró una remodelación del plantel, trabajo arquitectónico que, al parecer, no sólo sirvió para un acto de relaciones públicas sino para ocultar evidencias o generar confusión, pues el área remodelada había sido el escenario de la agresión al niño.
Entre maniobras de diversa índole para disuadir a la denunciante de llevar adelante el caso, transcurrió cerca de un año, hasta que se dictó auto de formal prisión contra Pérez Ramírez y sus cómplices Hugo Constantino García y Magdalena García Soto. Los tres solicitaron amparo, que les fue concedido el 14 de diciembre, decisión judicial que permitió a los acusados desaparecer de la escena.
La demora en la averiguación previa había sido posible por la eficaz labor de los abogados contratados por el instituto, muy cercanos al gobernador Ulises Ruiz, por lo que la denunciante presumió que a ello se debía la pretensión de acallar los hechos. Jorge Franco Jiménez, uno de esos profesionales, había sido suplente de Ruiz en el Senado, cuyo escaño ocupó cuando el ahora gobernador se retiró a hacer campaña electoral en 2004. Su hijo, del mismo nombre, fue secretario de Gobierno y ahora preside el comité estatal priista. El otro abogado, Marcos Castillejos (a quien reemplazó su hijo Humberto), era un exitoso penalista, asesinado en la Ciudad de México hace unos meses en circunstancias no aclaradas todavía.
La Corte revocó la sentencia de amparo que protegió a los presuntos pederastas. Razonó que si bien los agravios expuestos por el Ministerio Público fueron insuficientes, el juez debió “suplir la queja”, es decir remediar el alegato de la fiscal, “atendiendo a los derechos y garantías que asisten al interés superior del niño”.
Por Miguel Ángel Granados Chapa
(31-Oct-2008)
Aunque la investigación constitucional de la Suprema Corte sobre la violación de las garantías individuales de Lydia Cacho concluyó en la exoneración del gobernador Mario Marín, dejó en ese tribunal una semilla que el miércoles produjo uno de sus primeros frutos: la expedición de un criterio judicial sobre la extensión de la protección a los menores.
En aquella indagación infortunadamente fallida, el ministro Juan Silva Meza se percató del trascendental fondo del asunto que se expresó en el intento de acallar a la periodista y escritora por sus denuncias contra la pederastia y el comercio sexual infantil. Se trata de una agresión permanente de mafias internacionales a los derechos de los menores, que deben ser protegidos con diligencia extrema y por lo tanto castigados, con igualmente extremo rigor, quienes atentan contra ellos.
Esa percepción general se tradujo anteayer en una relevante sentencia de la primera sala de la Corte en un caso específico, cuyo alcance fue anticipado el 20 de mayo cuando el máximo tribunal aceptó atraer el caso de un niño violado por maestros del colegio al que asistía (que además grababan en video la agresión), en que un juez de distrito amparó a los acusados. La madre de la víctima solicitó que la Corte se hiciera cargo de la revisión, pedido que la ministra Olga María Sánchez Cordero hizo viable al presentarlo como suyo ante la sala. Al encargarse del caso, los ministros sabían que atenderlo “permitirá establecer criterios en torno a los derechos de las víctimas de delitos, en especial cuando se trata de niños, que deben cuidar las autoridades y que no sólo están contemplados en la Constitución, sino también en tratados internacionales firmados por México”.
En tal dirección se orientó la ponencia presentada por Silva Meza, con la que concordaron tres de sus compañeros de sala, mientras que hubo sólo un voto en contra. La sentencia resultante precisó que “cuando la víctima del delito es un menor, cuenta no sólo con las garantías que la Constitución federal prevé en su favor, sino también con la protección y tutela de la Convención sobre Derechos del Niño, cuya observancia es obligatoria y por ello debe suplirse la queja deficiente, independientemente de quienes promuevan o, incluso, cuando sin ser parte pudiera resultar afectado por la resolución que se dicte”. Según el resumen del fallo ofrecido a los medios, la sala concluyó que en un asunto como el resuelto el miércoles “dado que… la víctima es un menor de edad, todos los órganos jurisdiccionales, autoridades e instituciones que tengan que intervenir a lo largo del procedimiento penal respectivo, deberán observar los derechos fundamentales y garantías individuales con que cuenta el niño”.
El caso fue denunciado ante el Ministerio Público local en Oaxaca en noviembre de 2006 por la señora Leticia Valdez Martell, madre de la víctima, que sólo tenía cinco años de edad en los días en que fue atacado y cursaba el segundo grado de preescolar en el Instituto San Felipe, hasta ese momento un plantel privado de prestigio y al que el niño había sido inscrito en agosto, al comienzo del ciclo lectivo. Entre septiembre y noviembre el comportamiento del chico denotó que lo afectaba alguna circunstancia grave que sólo se aclaró cuando su madre encontró indicios de que se le había atacado sexualmente. El niño narró su tragedia, el ataque repetido que sufrió a manos de dos profesores de materias especiales, auxiliados por una maestra de grupo. Uno de los señalados, Hugo Gabriel Constantino, es el esposo de la directora del instituto, Yolanda León, muy bien situada en los círculos políticos de Oaxaca. El ahora alcalde capitalino, el priista José Antonio Hernández Fraguas, que había invitado a la señora León a formar parte de su planilla, inauguró una remodelación del plantel, trabajo arquitectónico que, al parecer, no sólo sirvió para un acto de relaciones públicas sino para ocultar evidencias o generar confusión, pues el área remodelada había sido el escenario de la agresión al niño.
Entre maniobras de diversa índole para disuadir a la denunciante de llevar adelante el caso, transcurrió cerca de un año, hasta que se dictó auto de formal prisión contra Pérez Ramírez y sus cómplices Hugo Constantino García y Magdalena García Soto. Los tres solicitaron amparo, que les fue concedido el 14 de diciembre, decisión judicial que permitió a los acusados desaparecer de la escena.
La demora en la averiguación previa había sido posible por la eficaz labor de los abogados contratados por el instituto, muy cercanos al gobernador Ulises Ruiz, por lo que la denunciante presumió que a ello se debía la pretensión de acallar los hechos. Jorge Franco Jiménez, uno de esos profesionales, había sido suplente de Ruiz en el Senado, cuyo escaño ocupó cuando el ahora gobernador se retiró a hacer campaña electoral en 2004. Su hijo, del mismo nombre, fue secretario de Gobierno y ahora preside el comité estatal priista. El otro abogado, Marcos Castillejos (a quien reemplazó su hijo Humberto), era un exitoso penalista, asesinado en la Ciudad de México hace unos meses en circunstancias no aclaradas todavía.
La Corte revocó la sentencia de amparo que protegió a los presuntos pederastas. Razonó que si bien los agravios expuestos por el Ministerio Público fueron insuficientes, el juez debió “suplir la queja”, es decir remediar el alegato de la fiscal, “atendiendo a los derechos y garantías que asisten al interés superior del niño”.
ULISES RUIZ: PROTECTOR DE PEDERASTAS
Por: Lydia Cacho Ribeiro
Hace tres meses, me buscó la madre de una de las niñas que fuera utilizada, a los 5 años, para fabricar pornografía infantil por la red de Succar Kuri, protegido de Kamel Nacif, de Mario Marín y Emilio Gamboa, entre otros. Con la mirada inundada de desesperanza, con la voz cansada, con la ira colgada de su pecho, me dijo que luego de casi cuatro años de abogados, de juicios, de amenazas de muerte, Succar otra vez quiere que su hija vaya a verlo y declare por enésima vez. Y la niña, ahora de quince años, habla de quitarse la vida si la fuerzan a ir al penal de La Palma a ver a su abusador; si otro juez se atreve a pedirle que narre sus recuerdos de terror infantil. Y la madre dice que si tiene que matar a alguien, pues mata, pero a su hija no la vuelven a llevar a un juzgado. Y menos aun cuando la Suprema Corte avaló la protección de Kamel Nacif Y Mario Marín, la protección a la red de pederastas y políticos que se protegen por intereses compartidos, intereses empresariales, políticos, de lavado de dinero. Pero no va a matar a nadie, volverá a su hogar a soñar que algún preso compasivo asesina al pederasta en su celda. Ese es el sueño que le permite dormir, que le da esperanza.
A esas madres se suma una más joven, de Oaxaca, llena de orgullo maternal, de dignidad, cuenta una y otra vez las historias. Su mirada muestra cómo su corazón ya está al borde del desconsuelo. Trae consigo los videos –como los traían las víctimas de la red de Succar Kuri-, lleva consigo fotografías y peritajes médicos del daño ocasionado a su bebé por los pederastas. Y habla, y habla para que su país le crea, le crea que aquello que está más que probado, mas que demostrado sí sucedió. Que lo real es cierto.
Leticia Valdez Martell, en su periplo agotador por los medios, busca con la fortaleza de una madre arquetípica, que los culpables paguen por eso que se ve en los videos, por violar bebés en una escuela y grabarles para producir pornografía infantil.
Mientras ella se atreve a decir la verdad, Ulises Ruiz da órdenes para silenciarla. Según una secretaria del juzgado de Oaxaca, hay órdenes precisas del gobernador para que el caso se dilate, para que no se sigan acumulando pruebas. Ordenes para que se apague el caso en el cuál está implicados la propietaria del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez, su esposo, Hugo Gabriel Constantino, su sobrino y profesor de ese centro escolar, Alan Salvador Pérez Ramírez. Pero no están solos. Han sacado ya de la Procuraduría de Oaxaca doce expedientes de casos similares con los mismos implicados pero a los cuales se suman nombres de agentes de la policía estatal de Veracruz y de Oaxaca. Personajes del PRI estatal y según las fuentes, un pedófilo perteneciente al PRD de esa entidad. Ninguno de esos expedientes tiene seguimiento; no pude averiguar si fue por amenazas a las familias o por falta de respaldo jurídico de las familias para, como suele suceder, hacer su propia investigación; o si fue por una mezcla de ambas.
Una y otra vez el periodismo nos recuerda, particularmente las televisoras con su amarillismo morboso y sus noticieros vacuos, que preguntar no es investigar. Que evitar las preguntas correctas, aunque toquen a los poderosos, no es hacer buen periodismo. Buscar todas las fuentes, escuchar a las víctimas, sí, pero a la vez utilizar sus pistas para seguir a quienes han puesto a las víctimas en semejante situación, es enterar a la sociedad de los entresijos de esa historia.
El no ir detrás de los perpetradores para investigar, no buscar y cuestionar a las redes de poder, a todos los actores de la historia, puede nulificar esa realidad y debilitarla, hasta que se convierta en parte del anecdotario de las infamias mexicanas.
Si el detalle morboso, no investigado, se repite una y otra vez durante una semana, o un mes, llega a convertirse en un elíxir inmunizante. Hasta que quien escucha cambia la estación, el canal o la página. Algunos le cambian porque no pueden más con la impunidad, otros porque no entienden que la historia de Leticia Valdez no es la de un niño violado y una madre desesperada, es la historia de un México productor de pornografía infantil, de un México donde el robo de niños y niñas se relaciona, en muchos casos, con la explotación sexual. La historia de un país donde desde el poder político y judicial los pedófilos se fortalecen, se une y celebran su poder.
Escuchar e investigar la historia de Doña Leticia Valdez, la madre del niño abusado por una red de pederastas y pornógrafos infantiles en Oaxaca, me hace pensar en ella; en sus noches oscuras, en su indignación, en su fragilidad, en sus miedos galopantes. En su esperanza.
Leticia Valdez narra una y otra vez aquél ignominioso siete de noviembre de 2006, el día en que descubrió que su hijo fue víctima de violación, cuando en el baño el pequeño se quejaba y suplicaba para no ir más a la escuela. Mientras los medios eluden el tema de fondo. ¿Por qué las otras madres y padres de criaturas violadas por el mismo clan y que producían pornografía infantil, han guardado silencio? ¿Por qué el Procurador General Eduardo Medina Mora insiste en el noticiero de Loret de Mola que las violaciones a los Derechos Humanos denunciadas por Amnistía Internacional son casos individuales? ¿Por qué las y los fiscales especiales niegan la existencia de redes de pornografía que las y los periodistas y las propias víctimas demuestran una y otra vez que sí existen? Las redes de impunidad para los grupos criminales no se tejen en silencio, sino a la vista del país entero. Se tejen desde el poder.
Cuántas veces más Leticia tendrá que repetir: “Él ya no quería ir a la escuela, ponía resistencia, tenía pesadillas, se escondía, y no dormía. El niño estaba aterrado. Después de ir a terapias dibujó lo que los violadores le hacían, pues lo video grabaron, ahora ya está mucho mejor”. ¿Cuantos millones de madres y padres mexicanos tendrán que salir a los medios a anunciar que abusaron de sus criaturas y que por decir la verdad están bajo amenazas de muerte?
¿Por qué el caso Valdez llegó hasta la Suprema Corte de Justicia?
No llegó porque haya pruebas suficientes para ser contemplado por el tribunal supremo como un caso ejemplar de abuso sexual infantil; aunque algunos ministros intenten llevar agua a ese molino. Ni llegó porque a la Suprema Corte le interese preguntar a Ulises Ruiz cuál es su papel en el caso de obstrucción de justicia y colusión de servidores públicos. Ni para averiguar por qué cuando los violadores estaban a punto de ser arrestados por agentes federales, la policía estatal impidió el arresto.
El caso no llegó a la Suprema Corte porque Ulises Ruiz, gobernador constitucional de Oaxaca protege indirectamente a la red de pederastas. Ni llegó a la corte porque uno de los abogados de los pederastas y de sus cómplices, es Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente del PRI en Oaxaca. Ni tampoco llegó a la Corte porque los pederastas, que son muchos y muy bien acomodados en el empresariado y en la política oaxaqueña, veracruzana y poblana, aceitaron la maquinaria de la impunidad. Ni a la Corte le interesará el porqué del silencioso proceder de el Secretario General de Gobierno, Manuel Teofilo García Corpus; del Procurador General de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; del secretario de protección ciudadana, Sergio Segreste Ríos. O del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, Alberto Alejandro Márquez Moreno.
Pero la sociedad no se puede equivocar; el caso no fue atraído por la Suprema Corte porque sea del interés de la mayoría de ministras y ministros, sino porque los abogados de Doña Leticia hicieron bien su trabajo y tienen derecho a impedir que los pederastas queden protegidos por la ley y consigan un amparo del Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca. Es el trabajo de la Corte revisar ese amparo.
Hay que recordar el informe “Infancia Robada: Niñas y niños víctimas de explotación sexual en México”. En Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula y Tijuana se estimó que había 4 mil 600 niñas y niños en esa situación en el año 2000; en la Ciudad de México 2 mil 500; en otras zonas como Monterrey, Puebla y León, mil; en otras zonas turísticas importantes como Puerto Vallarta, Cozumel, Playa del Carmen, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Ixtapa, Huatulco, mil 500. Leticia salvó a su niño, lo escuchó y reaccionó a tiempo.
El gobierno del estado de Oaxaca también salvó a los suyos. Mientras tanto la producción de pornografía infantil “casera” como le llama un agente de INTERPOL, crece bajo el amparo del poder.
El Procurador General encontrará argumentos para convertir este, como millones, en “casos individuales” de violación a los Derechos Humanos. Ignorando el papel que juega la utilización del poder del estado en defensa de los delincuentes. Pero ya sabemos que a los Derechos Humanos los expulsa de México el gobierno federal y les escupe en el rostro José Luís Soberanes, el Ombudsman que sueña con llegar a la Suprema Corte; para ello se ha preparado.
Los atentados contra Leticia y su familia no quedarán silenciados. La sociedad vigila a Ulises Ruiz y a sus redes que protegen a la pornografía infantil. Una cosa queda clara: Ni Leticia, ni su familia están solas. Millones de mexicanas y mexicanos estamos a su lado.
Hace tres meses, me buscó la madre de una de las niñas que fuera utilizada, a los 5 años, para fabricar pornografía infantil por la red de Succar Kuri, protegido de Kamel Nacif, de Mario Marín y Emilio Gamboa, entre otros. Con la mirada inundada de desesperanza, con la voz cansada, con la ira colgada de su pecho, me dijo que luego de casi cuatro años de abogados, de juicios, de amenazas de muerte, Succar otra vez quiere que su hija vaya a verlo y declare por enésima vez. Y la niña, ahora de quince años, habla de quitarse la vida si la fuerzan a ir al penal de La Palma a ver a su abusador; si otro juez se atreve a pedirle que narre sus recuerdos de terror infantil. Y la madre dice que si tiene que matar a alguien, pues mata, pero a su hija no la vuelven a llevar a un juzgado. Y menos aun cuando la Suprema Corte avaló la protección de Kamel Nacif Y Mario Marín, la protección a la red de pederastas y políticos que se protegen por intereses compartidos, intereses empresariales, políticos, de lavado de dinero. Pero no va a matar a nadie, volverá a su hogar a soñar que algún preso compasivo asesina al pederasta en su celda. Ese es el sueño que le permite dormir, que le da esperanza.
A esas madres se suma una más joven, de Oaxaca, llena de orgullo maternal, de dignidad, cuenta una y otra vez las historias. Su mirada muestra cómo su corazón ya está al borde del desconsuelo. Trae consigo los videos –como los traían las víctimas de la red de Succar Kuri-, lleva consigo fotografías y peritajes médicos del daño ocasionado a su bebé por los pederastas. Y habla, y habla para que su país le crea, le crea que aquello que está más que probado, mas que demostrado sí sucedió. Que lo real es cierto.
Leticia Valdez Martell, en su periplo agotador por los medios, busca con la fortaleza de una madre arquetípica, que los culpables paguen por eso que se ve en los videos, por violar bebés en una escuela y grabarles para producir pornografía infantil.
Mientras ella se atreve a decir la verdad, Ulises Ruiz da órdenes para silenciarla. Según una secretaria del juzgado de Oaxaca, hay órdenes precisas del gobernador para que el caso se dilate, para que no se sigan acumulando pruebas. Ordenes para que se apague el caso en el cuál está implicados la propietaria del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez, su esposo, Hugo Gabriel Constantino, su sobrino y profesor de ese centro escolar, Alan Salvador Pérez Ramírez. Pero no están solos. Han sacado ya de la Procuraduría de Oaxaca doce expedientes de casos similares con los mismos implicados pero a los cuales se suman nombres de agentes de la policía estatal de Veracruz y de Oaxaca. Personajes del PRI estatal y según las fuentes, un pedófilo perteneciente al PRD de esa entidad. Ninguno de esos expedientes tiene seguimiento; no pude averiguar si fue por amenazas a las familias o por falta de respaldo jurídico de las familias para, como suele suceder, hacer su propia investigación; o si fue por una mezcla de ambas.
Una y otra vez el periodismo nos recuerda, particularmente las televisoras con su amarillismo morboso y sus noticieros vacuos, que preguntar no es investigar. Que evitar las preguntas correctas, aunque toquen a los poderosos, no es hacer buen periodismo. Buscar todas las fuentes, escuchar a las víctimas, sí, pero a la vez utilizar sus pistas para seguir a quienes han puesto a las víctimas en semejante situación, es enterar a la sociedad de los entresijos de esa historia.
El no ir detrás de los perpetradores para investigar, no buscar y cuestionar a las redes de poder, a todos los actores de la historia, puede nulificar esa realidad y debilitarla, hasta que se convierta en parte del anecdotario de las infamias mexicanas.
Si el detalle morboso, no investigado, se repite una y otra vez durante una semana, o un mes, llega a convertirse en un elíxir inmunizante. Hasta que quien escucha cambia la estación, el canal o la página. Algunos le cambian porque no pueden más con la impunidad, otros porque no entienden que la historia de Leticia Valdez no es la de un niño violado y una madre desesperada, es la historia de un México productor de pornografía infantil, de un México donde el robo de niños y niñas se relaciona, en muchos casos, con la explotación sexual. La historia de un país donde desde el poder político y judicial los pedófilos se fortalecen, se une y celebran su poder.
Escuchar e investigar la historia de Doña Leticia Valdez, la madre del niño abusado por una red de pederastas y pornógrafos infantiles en Oaxaca, me hace pensar en ella; en sus noches oscuras, en su indignación, en su fragilidad, en sus miedos galopantes. En su esperanza.
Leticia Valdez narra una y otra vez aquél ignominioso siete de noviembre de 2006, el día en que descubrió que su hijo fue víctima de violación, cuando en el baño el pequeño se quejaba y suplicaba para no ir más a la escuela. Mientras los medios eluden el tema de fondo. ¿Por qué las otras madres y padres de criaturas violadas por el mismo clan y que producían pornografía infantil, han guardado silencio? ¿Por qué el Procurador General Eduardo Medina Mora insiste en el noticiero de Loret de Mola que las violaciones a los Derechos Humanos denunciadas por Amnistía Internacional son casos individuales? ¿Por qué las y los fiscales especiales niegan la existencia de redes de pornografía que las y los periodistas y las propias víctimas demuestran una y otra vez que sí existen? Las redes de impunidad para los grupos criminales no se tejen en silencio, sino a la vista del país entero. Se tejen desde el poder.
Cuántas veces más Leticia tendrá que repetir: “Él ya no quería ir a la escuela, ponía resistencia, tenía pesadillas, se escondía, y no dormía. El niño estaba aterrado. Después de ir a terapias dibujó lo que los violadores le hacían, pues lo video grabaron, ahora ya está mucho mejor”. ¿Cuantos millones de madres y padres mexicanos tendrán que salir a los medios a anunciar que abusaron de sus criaturas y que por decir la verdad están bajo amenazas de muerte?
¿Por qué el caso Valdez llegó hasta la Suprema Corte de Justicia?
No llegó porque haya pruebas suficientes para ser contemplado por el tribunal supremo como un caso ejemplar de abuso sexual infantil; aunque algunos ministros intenten llevar agua a ese molino. Ni llegó porque a la Suprema Corte le interese preguntar a Ulises Ruiz cuál es su papel en el caso de obstrucción de justicia y colusión de servidores públicos. Ni para averiguar por qué cuando los violadores estaban a punto de ser arrestados por agentes federales, la policía estatal impidió el arresto.
El caso no llegó a la Suprema Corte porque Ulises Ruiz, gobernador constitucional de Oaxaca protege indirectamente a la red de pederastas. Ni llegó a la corte porque uno de los abogados de los pederastas y de sus cómplices, es Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente del PRI en Oaxaca. Ni tampoco llegó a la Corte porque los pederastas, que son muchos y muy bien acomodados en el empresariado y en la política oaxaqueña, veracruzana y poblana, aceitaron la maquinaria de la impunidad. Ni a la Corte le interesará el porqué del silencioso proceder de el Secretario General de Gobierno, Manuel Teofilo García Corpus; del Procurador General de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; del secretario de protección ciudadana, Sergio Segreste Ríos. O del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, Alberto Alejandro Márquez Moreno.
Pero la sociedad no se puede equivocar; el caso no fue atraído por la Suprema Corte porque sea del interés de la mayoría de ministras y ministros, sino porque los abogados de Doña Leticia hicieron bien su trabajo y tienen derecho a impedir que los pederastas queden protegidos por la ley y consigan un amparo del Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca. Es el trabajo de la Corte revisar ese amparo.
Hay que recordar el informe “Infancia Robada: Niñas y niños víctimas de explotación sexual en México”. En Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula y Tijuana se estimó que había 4 mil 600 niñas y niños en esa situación en el año 2000; en la Ciudad de México 2 mil 500; en otras zonas como Monterrey, Puebla y León, mil; en otras zonas turísticas importantes como Puerto Vallarta, Cozumel, Playa del Carmen, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Ixtapa, Huatulco, mil 500. Leticia salvó a su niño, lo escuchó y reaccionó a tiempo.
El gobierno del estado de Oaxaca también salvó a los suyos. Mientras tanto la producción de pornografía infantil “casera” como le llama un agente de INTERPOL, crece bajo el amparo del poder.
El Procurador General encontrará argumentos para convertir este, como millones, en “casos individuales” de violación a los Derechos Humanos. Ignorando el papel que juega la utilización del poder del estado en defensa de los delincuentes. Pero ya sabemos que a los Derechos Humanos los expulsa de México el gobierno federal y les escupe en el rostro José Luís Soberanes, el Ombudsman que sueña con llegar a la Suprema Corte; para ello se ha preparado.
Los atentados contra Leticia y su familia no quedarán silenciados. La sociedad vigila a Ulises Ruiz y a sus redes que protegen a la pornografía infantil. Una cosa queda clara: Ni Leticia, ni su familia están solas. Millones de mexicanas y mexicanos estamos a su lado.
¿Por qué no el de San Felipe?
La Columna Rota
Por Verónica Villalvazo
Después de 2 años y 2 meses de que Leticia Váldes Martell descubrió que su pequeño de 4 años estaba siendo ultrajado por Hugo Gabriel Constantino García (copropietario del Instituto “San Felipe”) y Adán Salvador Pérez Ramírez (maestro de computación), esposo y sobrino, respectivamente, de Yolanda León Ramírez, directora general y copropietaria del mismo, las autoridades oaxaqueñas han respondido no actuando enérgicamente y aplicando la ley; no, sino protegiendo a los principales implicados en el caso y retardando si no es que torciendo la acción de la justicia.
Además, contrario a otros casos que ahora salen a la luz pública, la señora Leticia ha sido injuriada mediante una campaña mediática de descalificaciones con el fin de demeritar su posición social, su vida personal y atribuyendo motivos políticos y de otra índole a la promoción de los derechos de su pequeño.
Hasta amenazas de muerte contra ella y su familia ha sufrido de los poderosos, no solamente por parte de la directora y personal de dicho Instituto, sino por quien al principio tenía la defensa de los implicados en el caso: Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente estatal del PRI.
Ambos personajes han sido señalados por la ofendida de estar detrás de todo, al propiciar ayuda a los responsables de dicha acusación para que evadan la acción de la justicia, y a últimas fechas, prohijar la defensa actual de los acusados y de la única detenida Magdalena García, a cargo ahora del despacho de abogados que encabeza José Luis Nazar Dawn, hijo del tristemente célebre torturador y policía Miguel Nazar Haro.
Dolorosamente el día 14 de enero de 2009 se descubrió un nuevo caso de pederastia en el estado y lo más degradante en otro kínder, donde el conserje del jardín de niños “Jean Piaget”, Misael Velasco Fabián es señalado por los padres de cuatro menores de atacar sexualmente a sus hijos.
Uno de los lemas que enarbola Leticia Valdés, dice: “Ayúdame a no permitir que un crimen de pederastia le pueda suceder también a tu Hijo”, el cual dignifica aún más la lucha de esta madre llena de coraje y dolor conjugados; para no nada más buscar una justicia que no llega para su pequeño, si no para evitar que este dolor afecte a otras familias.
Lo cuestionable es que mientras los acusados (poderosos) de abusar sexualmente del pequeño de Leticia siguen prófugos; pagando a quienes los apoyan un millón y medio de dólares por su defensa, que salen de quién sabe dónde, los delincuentes no reciben el mismo trato de la “justicia” oaxaqueña como se observa contrariamente en los casos que esta semana han ido apareciendo.
Al ser cuestionados los funcionarios sobre el caso San Felipe, sólo se limitan a decir que “se está trabajando”. Por la pequeña víctima y su madre, que prevalece sin justicia desde mayo del 2007, no hubo un boletín especial por parte del procurador Evencio Nicolás Martínez para decir que “todo el peso de la ley ( recaería ) sobre los responsables del caso”, o que “las investigaciones se llevarían hasta sus últimas consecuencias”, o también que “no habría impunidad en éste ni en ningún otro hecho delictivo”, y “que se brindaría atención médica y psicológica a las víctimas”.
Este lenguaje lamentablemente no se usó para proteger a las víctimas del San Felipe, como contrariamente ya se hizo con el pederasta del “Jean Piaget”.
Nadie está cuestionando esta pronta respuesta de la Procuraduría; al contrario, se aplaude y se espera que en efecto se llegue a las últimas consecuencias. Pero y entonces ante el caso San Felipe, ¿Por qué no? Por qué nadie se mete con los abusadores de un colegio protegido por los poderosos, ¿Por qué no?
Por Verónica Villalvazo
Después de 2 años y 2 meses de que Leticia Váldes Martell descubrió que su pequeño de 4 años estaba siendo ultrajado por Hugo Gabriel Constantino García (copropietario del Instituto “San Felipe”) y Adán Salvador Pérez Ramírez (maestro de computación), esposo y sobrino, respectivamente, de Yolanda León Ramírez, directora general y copropietaria del mismo, las autoridades oaxaqueñas han respondido no actuando enérgicamente y aplicando la ley; no, sino protegiendo a los principales implicados en el caso y retardando si no es que torciendo la acción de la justicia.
Además, contrario a otros casos que ahora salen a la luz pública, la señora Leticia ha sido injuriada mediante una campaña mediática de descalificaciones con el fin de demeritar su posición social, su vida personal y atribuyendo motivos políticos y de otra índole a la promoción de los derechos de su pequeño.
Hasta amenazas de muerte contra ella y su familia ha sufrido de los poderosos, no solamente por parte de la directora y personal de dicho Instituto, sino por quien al principio tenía la defensa de los implicados en el caso: Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente estatal del PRI.
Ambos personajes han sido señalados por la ofendida de estar detrás de todo, al propiciar ayuda a los responsables de dicha acusación para que evadan la acción de la justicia, y a últimas fechas, prohijar la defensa actual de los acusados y de la única detenida Magdalena García, a cargo ahora del despacho de abogados que encabeza José Luis Nazar Dawn, hijo del tristemente célebre torturador y policía Miguel Nazar Haro.
Dolorosamente el día 14 de enero de 2009 se descubrió un nuevo caso de pederastia en el estado y lo más degradante en otro kínder, donde el conserje del jardín de niños “Jean Piaget”, Misael Velasco Fabián es señalado por los padres de cuatro menores de atacar sexualmente a sus hijos.
Uno de los lemas que enarbola Leticia Valdés, dice: “Ayúdame a no permitir que un crimen de pederastia le pueda suceder también a tu Hijo”, el cual dignifica aún más la lucha de esta madre llena de coraje y dolor conjugados; para no nada más buscar una justicia que no llega para su pequeño, si no para evitar que este dolor afecte a otras familias.
Lo cuestionable es que mientras los acusados (poderosos) de abusar sexualmente del pequeño de Leticia siguen prófugos; pagando a quienes los apoyan un millón y medio de dólares por su defensa, que salen de quién sabe dónde, los delincuentes no reciben el mismo trato de la “justicia” oaxaqueña como se observa contrariamente en los casos que esta semana han ido apareciendo.
Al ser cuestionados los funcionarios sobre el caso San Felipe, sólo se limitan a decir que “se está trabajando”. Por la pequeña víctima y su madre, que prevalece sin justicia desde mayo del 2007, no hubo un boletín especial por parte del procurador Evencio Nicolás Martínez para decir que “todo el peso de la ley ( recaería ) sobre los responsables del caso”, o que “las investigaciones se llevarían hasta sus últimas consecuencias”, o también que “no habría impunidad en éste ni en ningún otro hecho delictivo”, y “que se brindaría atención médica y psicológica a las víctimas”.
Este lenguaje lamentablemente no se usó para proteger a las víctimas del San Felipe, como contrariamente ya se hizo con el pederasta del “Jean Piaget”.
Nadie está cuestionando esta pronta respuesta de la Procuraduría; al contrario, se aplaude y se espera que en efecto se llegue a las últimas consecuencias. Pero y entonces ante el caso San Felipe, ¿Por qué no? Por qué nadie se mete con los abusadores de un colegio protegido por los poderosos, ¿Por qué no?
Suscribirse a:
Entradas (Atom)