|Diario Noticias 12 de Octubre de 2009
Por Sanjuana Martínez
Hace tres años, Leticia Valdés Martell sufrió un vuelco en su vida que la convirtió en una aguerrida madre coraje: la violación de su pequeño hijo de cuatro años en el Instituto San Felipe de la ciudad de Oaxaca a manos del copropietario del plantel educativo, Gabriel Hugo Constantino García y del maestro de computo, Adán Salvador Pérez Ramírez, ambos aún prófugos de la justicia.
La familia Valdés Martell no ha encontrado justicia, ni reparación al doloroso daño causado. El Estado le ha negado esa posibilidad, al no ejecutar cabalmente la orden de aprehensión contra los violadores de su hijo y al no condenar a Arcelia Yolanda León Ramírez, la dueña de la escuela donde se perpetraban los abusos sexuales.
El escándalo de impunidad en este caso ha traspasado las fronteras mexicanas. Se trata de una historia de pederastia y pornografía infantil bien estructurada. En el Instituto San Felipe no solamente se violaba al hijo de Leticia Valdés Martell, sino a otros pequeños, cuyos padres prefirieron no afrontar el calvario que significa buscar justicia en México.
Llama la atención particularmente el poder que aún siguen teniendo los criminales a quienes no se les detiene a pesar de pasearse libremente por las calles de Oaxaca y otros estados de la República. Sorprende también que el lugar donde se efectuaron los delitos permanezca abierto y las familias oaxaqueñas continúen llevando a sus hijos a estudiar allí a pesar de la dudosa fama que precede al plantel educativo.
La cadena de simulaciones procesales a las que se ha enfrentado esta madre coraje es interminable. Ha vivido la corrupción policial y judicial. La podredumbre de un sistema de justicia que se niega a cumplir con su deber. Toca ahora la oportunidad a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca enmendar los errores de sus predecesores y por fin, ofrecer justicia y reparación a la señora Valdés Martell y a la pequeña víctima.
Los presuntos violadores del San Felipe se defienden. Dicen que nunca se comprobó la introducción del miembro viril por la vía anal. Algo inverosímil, porque fue la propia madre del niño, quien vio como su hijo arrojaba semen en la taza del baño. El niño era narcotizado, amordazado y esposado para soportar la sodomía de sus maestros, y las grabaciones que le realizaban mientras lo abusaban.
Lo más vergonzoso de todo este proceso podrido que puede corregirse mediante la valentía de un grupo de magistrados, es que la única presa por el delito contra el menor, la maestra Magdalena Rufina García Soto ahora cuenta con defensores dentro de los tribunales de justicia que a cambio de inconfesables beneficios están dispuestos a liberarla.
La maestra Magdalena era quien les llevaba al niño a los pederastas para que lo abusaran y filmaran dentro del mismo instituto. Esta mujer es cómplice y autora del más horrendo crimen que pueda existir y ahora se presenta ante la sociedad como una cándida paloma que dice luchar por su inocencia.
Lamentablemente el caso de pederastia en el Instituto San Felipe se ha desarrollado en el ámbito mediático y no únicamente en el judicial como debería haber sido. Los acusados han encontrado apoyos a través de la compra de periodistas y medios de comunicación igualmente podridos, que venden al mejor postor sus plumas y espacios.
Los perpetradores y sus cómplices se han respaldado en seudoperiodistas que se dedican a difamar a las víctimas a cambio de suculentos beneficios. Estos falsos informadores traicionan su deber con la verdad, con las audiencias, los lectores, televidentes o radioescuchas.
Leticia Valdés Martell conoce a sus detractores sabe quiénes son las y los reporteros que la hostigan: la han literalmente “acosado” de manera cruel e inhumana durante los últimos tres años; y dañado en su integridad moral debido a las mentiras que han contado en su contra para beneficiar a la parte contraria enjuiciada por pederastia. Esta campaña es vergonzosa y cae por su propio peso.
Los magistrados tienen la oportunidad histórica de enderezar lo torcido. Para ello cuentan con el respaldo de la recomendación de la CNDH sobre el caso, los puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados y la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Leticia Valdés Martell y su pequeño hijo.
Tienen además el deber de finiquitar este asunto con castigos ejemplares contra los culpables y el cierre de la escuela donde ocurrieron los hechos delictivos.
El llamado “caso Instituto San Felipe” no solo afecta a una familia de Oaxaca, por el contrario, ofende a la sociedad civil en general, a los mexicanos que buscamos la existencia de un verdadero Estado de derecho. Leticia Valdés Martell no descansará hasta encontrar justicia y reparación para su hijo. Y quienes la apoyamos estaremos con ella hasta que lo logre.
*Sanjuana Martínez, es periodista y escritora. Autora de: “Manto púrpura: pederastia clerical en tiempos del cardenal Norberto Rivera Carrera” y “Prueba de fe: la red de cardenales y obispos en la pederastia clerical”. Su último libro es: “Se venden niños” (Temas de Hoy).
domingo, 18 de octubre de 2009
miércoles, 7 de octubre de 2009
A tres años…….. Sin justicia.
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (SCJN)
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (CNDH)
A la Cámara de Senadores de la República Mexicana.
A la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
A las Organizaciones Civiles, de Derechos Humanos, compañeros de la Sección 22.
A los reconocidos compañeros de medios serios de comunicación (Prensa, Radio y Televisión)
A los anteriores mencionados todo mi agradecimiento por la sensibilidad, pero sobre todo la credibilidad a lo declarado por mi menor hijo, quien fue víctima de violación a los cuatro años de edad dentro del Instituto San Felipe, en la ciudad de Oaxaca.
Soy madre y representante legal de este pequeño, mi nombre es Leticia Valdés Martell, hemos resistido a un incomparable poder de facto que durante tres años ha permitido la libertad al día de hoy de los violadores materiales de mi menor hijo, Adán Salvador Pérez Ramírez, ex maestro de computo, Gabriel Hugo Constantino García, administrador y copropietario del Instituto San Felipe, y esposo de Arcelia Yolanda León Ramírez, Directora General del Plantel. Poder de facto que ya cobro una segunda víctima en mi familia mi padre, quien falleció a consecuencia de toda esta serie de complicidades estructuradas desde los propios sistemas de procuración de justicia del Estado de Oaxaca, Aunado a la compra masiva de medios corruptos que son la podredumbre de tan digna profesión.
La única presa de nombre Magdalena Rufina García Soto, maestra de grupo quien llevaba a mi hijo por la fuerza a entregarlo a sus victimarios, ha venido adoptando el papel de víctima, y al no tener defensa de lo indefendible insiste en destrozarme mediáticamente a mí, bajo el muy común perfil de los pederastas quienes tienen como objetivo acabar con la madre y de esta forma acabar con el menor , esta estrategia miserable cobra fuerza desde el momento en que el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, ha permitido en la segunda instancia “guardar” por casi cuatro meses, que es lo que tiene el expediente Toca Penal 133/2007, de haber llegado a la Tercera Sala, tiempo de sobra para crear esta estrategia en donde tratan de confundir y de sensibilizar a la ciudadanía para así poder legitimar la indebida libertad de esta pederasta.
Situación con la que tratan de engañar, no cabe duda que no solo son sordos y ciegos sino que piensan que la gente también lo es, se equivocan señores las personas en Oaxaca, estamos cansadas, hartas, de su cinismo, no engañan a nadie se engañan ustedes mismos y lo peor, como Don Benito Juárez decía “No hay mejor tribunal que la opinión del pueblo” y ustedes no han causado la mejor de las opiniones en los últimos años. Me gustaría saber que Dependencia Jurisdiccional, Organismo de Derechos Humanos, Organización Civil, Grupo Parlamentario, Personaje connotado y honorable se ha atrevido a dar su firma y apoyo a Magdalena García Soto, que medio serio de comunicación se ha prestado a toda esta farsa articulada por los pederastas y por quienes les brindan protección. Atención señores nadie con honorabilidad y sentido de justicia ha dado un solo voto a estos PEDERASTAS. Por el contrario se han pronunciado en contra de esta violación a las garantías de mi menor de mi familia y de mi persona, repudiando la impunidad que rodea este penoso asunto conocido a nivel internacional y del cual existen muchos ojos puestos esperando que por fin se resuelva y se resuelva ya en estricto apego a derecho, y que aquellos políticos que de forma clandestina entre los que destacan Jorge Franco Jiménez, y Jorge Franco Vargas, mejor conocido como “El Chucky” siguen apoyando a esta célula saquen las manos del asunto. Es tarde, muy tarde para intentonas de manejos chantajistas, de lobos disfrazados de ovejas a los que al final se les rescata, es tarde.
Como bien dice Lydia Cacho, en su libro “CON MI HIJ@ NO”. Página 125 “Las niñas y los niños no tienen fantasías sexuales de violación” Pagina 120 “Las niñas y los niños que son escuchados y comprendidos se desenvuelven mucho mejor y sanan más pronto” por lo visto a quedado demostrado que en Oaxaca, no se vela por el interés superior del menor, al contrario se le revictimisa por ejemplo a mi hijo toda esta red de complicidades le asesino a su abuelo quien era su padre en toda la extensión de esta palabra. Les encargo leer la pagina 118 ya que habla de mi menor hijo, la página 151, donde refiere quien protege a los violadores de mi menor hijo, les recomiendo leer el Best Seller de José Reveles, “LAS HISTORIAS MAS NEGRAS” son treinta historias desgarradoras con un mismo distintivo la impunidad la número 18, con el título EN OAXACA SE PROTEGE A PEDERASTAS, habla de la impunidad que rodea el asunto de mi menor hijo. Que se necesita en Oaxaca para que se haga justicia, cuantas puertas mas tengo que tocar, tendré que escribir un libro completo como catarsis de todo este manto de impunidad y para que por lo menos los nombres de los pederastas y sus protectores queden perpetuados a través de la historia.
O sería posible en algún momento que la justicia En Oaxaca, por lo menos en el tema fundamental que son nuestros hijos y su seguridad, lograsen trascender por haber respetado nuestra Constitución, los Tratados Internacionales de los niños y las niñas, así como los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al interés superior del menor, curiosamente propiciados en un caso sin precedente atraído tal vez por la falta de certeza jurídica por la (SCJN) este el penoso asunto de mi hijo.
Señores Magistrados en sus manos esta dar la indebida libertad a Magdalena García Soto, legitimando la pederastia y desprotegiendo aún más a nuestros hijos, logrando con esto desvanecer este terrible delito de violación agravada, lo cual permitiría la libertad de los violadores materiales de mi menor hijo y también permitiría, que en Oaxaca ya no se siga apostando por la justicia tomando medidas drásticas ya que no existe estado de derecho. ¿Si se tratase de un hijo, nieto, sobrino propio actuarían por línea fuera del estado de derecho? No lo creo.
Ya basta! Cuánto tiempo más se me va a satanizar y difamar, utilizando la dilación de la justicia, por haberme atrevido a denunciar la violación de mi menor, ¿No son ustedes los que promueven la denuncia? para que promoverla cuando no nos ofrecen ningún tipo de garantías por el contrario tal parece que quien cometió el delito fue mi menor hijo.
A toda persona interesada en conocer el expediente Toca Penal 133/2007, el cual consta de más de tres mil fojas, estoy en la mejor disposición de mostrarlo en su totalidad incluyendo la recomendación de la CNDH, los puntos de acuerdo promovidos a favor de mi menor por la Cámara de Senadores de la República, en unanimidad de votos, los promovidos por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como la resolución emitida por la Suprema Corte de justicia de la Nación, entre otros documentos, en los que destaca la declaración de mi menor contundente, solida y preponderante.
Sin tratar de sorprender a la ciudadanía mostrando únicamente confusiones creadas en las conclusiones baratas de la defensa como hasta ahora lo han venido haciendo los pederastas del Instituto San Felipe y su “Cuerpo Jurídico”.
¡Exigimos trasparencia, tenemos derecho a vivir una vida sana, dentro de un estado de derecho!
Como mi padre el Dr. Isaías Valdés Zaragoza, que en paz descanse, lo hizo por mi hijo y por mí. También yo por mi hijo la vida si fuera necesario.
ATTE: LETICIA VALDES MARTELL Y FAMILIA.
C.c.p. Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. (TSJEO).
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (CNDH)
A la Cámara de Senadores de la República Mexicana.
A la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
A las Organizaciones Civiles, de Derechos Humanos, compañeros de la Sección 22.
A los reconocidos compañeros de medios serios de comunicación (Prensa, Radio y Televisión)
A los anteriores mencionados todo mi agradecimiento por la sensibilidad, pero sobre todo la credibilidad a lo declarado por mi menor hijo, quien fue víctima de violación a los cuatro años de edad dentro del Instituto San Felipe, en la ciudad de Oaxaca.
Soy madre y representante legal de este pequeño, mi nombre es Leticia Valdés Martell, hemos resistido a un incomparable poder de facto que durante tres años ha permitido la libertad al día de hoy de los violadores materiales de mi menor hijo, Adán Salvador Pérez Ramírez, ex maestro de computo, Gabriel Hugo Constantino García, administrador y copropietario del Instituto San Felipe, y esposo de Arcelia Yolanda León Ramírez, Directora General del Plantel. Poder de facto que ya cobro una segunda víctima en mi familia mi padre, quien falleció a consecuencia de toda esta serie de complicidades estructuradas desde los propios sistemas de procuración de justicia del Estado de Oaxaca, Aunado a la compra masiva de medios corruptos que son la podredumbre de tan digna profesión.
La única presa de nombre Magdalena Rufina García Soto, maestra de grupo quien llevaba a mi hijo por la fuerza a entregarlo a sus victimarios, ha venido adoptando el papel de víctima, y al no tener defensa de lo indefendible insiste en destrozarme mediáticamente a mí, bajo el muy común perfil de los pederastas quienes tienen como objetivo acabar con la madre y de esta forma acabar con el menor , esta estrategia miserable cobra fuerza desde el momento en que el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, ha permitido en la segunda instancia “guardar” por casi cuatro meses, que es lo que tiene el expediente Toca Penal 133/2007, de haber llegado a la Tercera Sala, tiempo de sobra para crear esta estrategia en donde tratan de confundir y de sensibilizar a la ciudadanía para así poder legitimar la indebida libertad de esta pederasta.
Situación con la que tratan de engañar, no cabe duda que no solo son sordos y ciegos sino que piensan que la gente también lo es, se equivocan señores las personas en Oaxaca, estamos cansadas, hartas, de su cinismo, no engañan a nadie se engañan ustedes mismos y lo peor, como Don Benito Juárez decía “No hay mejor tribunal que la opinión del pueblo” y ustedes no han causado la mejor de las opiniones en los últimos años. Me gustaría saber que Dependencia Jurisdiccional, Organismo de Derechos Humanos, Organización Civil, Grupo Parlamentario, Personaje connotado y honorable se ha atrevido a dar su firma y apoyo a Magdalena García Soto, que medio serio de comunicación se ha prestado a toda esta farsa articulada por los pederastas y por quienes les brindan protección. Atención señores nadie con honorabilidad y sentido de justicia ha dado un solo voto a estos PEDERASTAS. Por el contrario se han pronunciado en contra de esta violación a las garantías de mi menor de mi familia y de mi persona, repudiando la impunidad que rodea este penoso asunto conocido a nivel internacional y del cual existen muchos ojos puestos esperando que por fin se resuelva y se resuelva ya en estricto apego a derecho, y que aquellos políticos que de forma clandestina entre los que destacan Jorge Franco Jiménez, y Jorge Franco Vargas, mejor conocido como “El Chucky” siguen apoyando a esta célula saquen las manos del asunto. Es tarde, muy tarde para intentonas de manejos chantajistas, de lobos disfrazados de ovejas a los que al final se les rescata, es tarde.
Como bien dice Lydia Cacho, en su libro “CON MI HIJ@ NO”. Página 125 “Las niñas y los niños no tienen fantasías sexuales de violación” Pagina 120 “Las niñas y los niños que son escuchados y comprendidos se desenvuelven mucho mejor y sanan más pronto” por lo visto a quedado demostrado que en Oaxaca, no se vela por el interés superior del menor, al contrario se le revictimisa por ejemplo a mi hijo toda esta red de complicidades le asesino a su abuelo quien era su padre en toda la extensión de esta palabra. Les encargo leer la pagina 118 ya que habla de mi menor hijo, la página 151, donde refiere quien protege a los violadores de mi menor hijo, les recomiendo leer el Best Seller de José Reveles, “LAS HISTORIAS MAS NEGRAS” son treinta historias desgarradoras con un mismo distintivo la impunidad la número 18, con el título EN OAXACA SE PROTEGE A PEDERASTAS, habla de la impunidad que rodea el asunto de mi menor hijo. Que se necesita en Oaxaca para que se haga justicia, cuantas puertas mas tengo que tocar, tendré que escribir un libro completo como catarsis de todo este manto de impunidad y para que por lo menos los nombres de los pederastas y sus protectores queden perpetuados a través de la historia.
O sería posible en algún momento que la justicia En Oaxaca, por lo menos en el tema fundamental que son nuestros hijos y su seguridad, lograsen trascender por haber respetado nuestra Constitución, los Tratados Internacionales de los niños y las niñas, así como los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al interés superior del menor, curiosamente propiciados en un caso sin precedente atraído tal vez por la falta de certeza jurídica por la (SCJN) este el penoso asunto de mi hijo.
Señores Magistrados en sus manos esta dar la indebida libertad a Magdalena García Soto, legitimando la pederastia y desprotegiendo aún más a nuestros hijos, logrando con esto desvanecer este terrible delito de violación agravada, lo cual permitiría la libertad de los violadores materiales de mi menor hijo y también permitiría, que en Oaxaca ya no se siga apostando por la justicia tomando medidas drásticas ya que no existe estado de derecho. ¿Si se tratase de un hijo, nieto, sobrino propio actuarían por línea fuera del estado de derecho? No lo creo.
Ya basta! Cuánto tiempo más se me va a satanizar y difamar, utilizando la dilación de la justicia, por haberme atrevido a denunciar la violación de mi menor, ¿No son ustedes los que promueven la denuncia? para que promoverla cuando no nos ofrecen ningún tipo de garantías por el contrario tal parece que quien cometió el delito fue mi menor hijo.
A toda persona interesada en conocer el expediente Toca Penal 133/2007, el cual consta de más de tres mil fojas, estoy en la mejor disposición de mostrarlo en su totalidad incluyendo la recomendación de la CNDH, los puntos de acuerdo promovidos a favor de mi menor por la Cámara de Senadores de la República, en unanimidad de votos, los promovidos por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como la resolución emitida por la Suprema Corte de justicia de la Nación, entre otros documentos, en los que destaca la declaración de mi menor contundente, solida y preponderante.
Sin tratar de sorprender a la ciudadanía mostrando únicamente confusiones creadas en las conclusiones baratas de la defensa como hasta ahora lo han venido haciendo los pederastas del Instituto San Felipe y su “Cuerpo Jurídico”.
¡Exigimos trasparencia, tenemos derecho a vivir una vida sana, dentro de un estado de derecho!
Como mi padre el Dr. Isaías Valdés Zaragoza, que en paz descanse, lo hizo por mi hijo y por mí. También yo por mi hijo la vida si fuera necesario.
ATTE: LETICIA VALDES MARTELL Y FAMILIA.
C.c.p. Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. (TSJEO).
lunes, 13 de julio de 2009
CARTA DE LETICIA VALDES A SU PADRE. EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS
video en memoria del Dr- Isaias Valdés Zaragoza
Hoy mi padre el Dr. Isaías Valdés Zaragoza, cumple 77 años y digo cumple porque está vivo en mi corazón, con la diferencia de que hoy lo amo, valoro, respeto y admiro más que nunca, mi padre un ser humano generoso de alma y acciones, digno hijo de Dios.
Incorruptible, solido en sus principios de justicia, honorable en toda la extensión de esta palabra, es, ha sido y será, el más amoroso y protector de los padres. Y protegiéndonos hasta su último aliento fue como la vida terrenal de mi padre se fue extinguiendo.
Un hombre justo y de honor como él, fue terriblemente lastimado por la guerra sucia de difamaciones en contra de nuestra familia y de el mismo, con atropellos monstruosos del todo falsos, incomprensibles en una mente sana y buena, guerra infame que fue desde dejar por debajo de la puerta de su consultorio pasquines comprados con dinero delincuencial que corrompe almas débiles, plagados de veneno y vilezas. Estos escritos pagados por Arcelia Yolanda León Ramírez, fueron los misiles que ella bien sabia dirigía al corazón de mi padre, esto aunado a la bajeza de ir a arrojarle desechos fecales en los ventanales de su consultorio, tierra negra de fétido olor, acciones dignas de una hija de Satanás, y qué decir de los violadores que esta satánica protege Gabriel Hugo Constantino García, su “esposo” y Adán Salvador Pérez Ramírez, “sobrino”, quienes siguen gozando de una libertad que no merecen, mientras nosotros abrazamos las cenizas de mi padre, que injusta se torna la vida cuando una serie de complicidades políticas y económicas proporcionan esta indefinida impunidad a los criminales.
Que duro y tormentoso saber que a tu padre le costó la vida enfrentar a estos delincuentes, y que ese fue con la gran preocupación de dejarnos en manos de toda esta suciedad, a la que no le ha importado que el expediente tenga el peso de todas las instancias por las que ha sido revisado confirmando y coincidiendo que está plenamente comprobada la responsabilidad penal de los implicados en la violación en contra de mi menor hijo dentro del Instituto San Felipe.
Sabemos que la justicia que no es pronta no es justicia, sabemos que todo este desgaste moral y económico de tres largos años apago la vida de mi padre, pero Yolanda no ha actuado sola evidentemente esta impunidad se la ha proporcionado un sistema tan perverso como ella misma, yo me pregunto esta seguirá siendo la justicia del nuevo PRI? O a mí si me tocara ver en vida que la justicia llegue a estas tan laceradas tierras Oaxaqueñas donde quien no es protegido del gobierno y se atreve a levantar la mano pidiendo justicia es asesinado.
En memoria de mi padre en nombre de mi familia agradecemos a todas las familias que nos acompañaron en su última morada, mi padre sin ser político, artista o empresario, tuvo a su lado la presencia de tanta gente de bien mostrándonos su apoyo y su pena por esta irreparable pérdida, en verdad el ver que la capilla velatoria, pasillos, paredes estaban completamente llenos de amigos sinceros, de coronas que ya no cabían, nos habla de lo mi padre sembró en Oaxaca, en su pésame al oído el escuchar el no están solos sabemos quién se llevo a tu padre y también sabemos que Dios hará justicia, nos deja claro que esta lucha que ya costó la vida de mi padre hoy cobra un doble sentido justicia por mi hijo y por mi amado padre. Quien murió siendo un mártir, y en este momento ya es un ángel muy cerca de Dios, donde ya no podrán hacerle más daño.
Nunca olvidare cuando al tratar de seguir hostilizando a mi hijo con mas declaraciones el juzgado lo cito por once ocasiones, mi padre muy mortificado no comprendía tanta maldad e hizo un escrito que yo conservo, donde pide piedad para su niño como él le decía a mi hijo, y les decía claramente que si estaban buscando una victima para eso estaba él.
Descanse en paz el mejor padre, esposo y abuelo.
Dios perdone a tus asesinos y bendiga a sus descendencias.
Con todo el amor y respeto a mi padre.
Leticia Valdés Martell, familia Valdés Martell.
viernes, 3 de julio de 2009
martes, 16 de junio de 2009
EL LODO, LA CALUMNIA Y LA SIMULACIÓN, LOS NUEVOS ARGUMENTOS DE LA DUEÑA DEL INSTITUTO “SAN FELIPE” PARA DEFENDER LO INDEFENDIBLE.
Ante la decisión apegada a derecho y responsable del Magistrado Humberto Nicolás Vázquez, de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, de excusarse de conocer la apelación a la sentencia de MAGDALENA RUFINA GARCÍA SOTO (la profesora que llevaba a la fuerza a mi pequeño hijo para ser víctima de violación por GABRIEL HUGO CONSTANTINO GARCÍA y SALVADOR ADÁN PÉREZ RAMÍREZ); la esposa del primer prófugo de la justicia mencionado, ARCELIA YOLANDA LEÓN RAMÍREZ, dueña del Instituto “San Felipe” recrudece su campaña cada día más sucia y revela su absoluta desesperación.
En conferencia de prensa que ofreció a algunos medios de comunicación en la Ciudad de México el día viernes 11 de junio de 2009, a las 13:00 horas, de la cual algunos periodistas indignados por tanta evidente mentira me han proporcionado la grabación íntegra de la misma, la esposa de uno de los prófugos de la justicia ha vertido mentiras e infamias que me veo obligada a desmentir de una manera categórica de la siguiente:
1. ES ABSOLUTAMENTE FALSO QUE YO LE HUBIERA PEDIDO A ARCELIA YOLANDA LEÓN RAMÍREZ, NI POR VÍA TELEFÓNICA NI POR CUALQUIER OTRA VÍA, CANTIDAD ALGUNA DE DINERO A CAMBIO DE LA DIGNIDAD DE MI HIJO. ES ABSURDO E INVEROSÍMIL QUE DOS AÑOS Y MEDIO DESPUÉS DE LOS HECHOS ELLA “RECUERDE” DICHA SITUACIÓN INEXISTENTE. LA REALIDAD ES QUE ANTE EL FRACASO DE SUS INFLUENCIAS Y SUS CAMBIOS DE ESTRATEGIA DEFENSISTAS QUE ESTÁN DOCUMENTADAS EN EL EXPEDIENTE PENAL 133/2007, RADICADO EN EL JUZGADO TERCERO PENAL, HOY ARROJA TIERRA Y LODO, EN LUGAR DE TENER EL VALOR DE HACER QUE SE ENTREGUEN LOS PRÓFUGOS PARA QUE ENFRENTEN UN PROCESO JUDICIAL Y SE DEFIENDAN ANTE LOS TRIBUNALES.
2. YOLANDA LEÓN RECURRE AL DAÑO MORAL Y A LA CALUMNIA AL DENOSTAR EN CONTRA DE MI PERSONA Y PRETENDE SORPRENDER A LOS MEDIOS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA ENTREGANDO COPIAS DE LAS CONCLUSIONES DE SU DEFENSA, PERO YO LE PREGUNTO: ¿PORQUÉ NO SE ATREVE A ENTREGAR COPIA DE LAS CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO? ¿PORQUÉ NO SE ATREVE A ENTREGAR COPIAS DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE LE NEGÓ EL AMPARO A SU MARIDO Y SUS EMPLEADOS? ¿PORQUÉ NO ENTREGA COPIA DE LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS? SENCILLAMENTE PORQUE SABE QUE LOS DOCUMENTOS A LOS QUE ALUDO HUNDEN A SU MARIDO Y A SUS DOS EMPLEADOS, COMO CULPABLES DE LA VILEZA QUE COMETIERON CONTRA MI HIJO.
3. TRATANDO DE SORPRENDER A LA OPINIÓN PÚBLICA, EL INSTITUTO “SAN FELIPE” CONTRATÓ RECIENTEMENTE LOS SERVICIOS DEL LICENCIADO JESÚS GRIJALBA, QUIEN ACTÚA A TÍTULO ESTRICTAMENTE PERSONAL COMO ABOGADO PARTICULAR CONTRATADO POR YOLANDA LEÓN RAMÍREZ, DEBIENDO YO ACLARAR QUE ESTA PERSONA NO REPRESENTA, DE NINGUNA MANERA LA POSICIÓN DE LA SECCIÓN XXII DEL MAGISTERIO OAXAQUEÑO, NI DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA, QUIENES AL CONOCER DE LA INFAME TERGIVERSACIÓN QUE SE HA HECHO A PARTIR DE LA INTERVENCIÓN DE ESE MERCENARIO DEL DERECHO, ME HAN REAFIRMADO SU SOLIDARIDAD Y RESPETO, ASÍ COMO MÚLTIPLES ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, CON QUIENES MARCHÉ EL JUEVES 10 DE JUNIO DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ AL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA Y COMO SE REFRENDARÁ NUEVAMENTE EL DOMINGO 14 DE JUNIO EN QUE LOS ACOMPAÑARÉ EN EL ANIVERSARIO DE LA REPRESIÓN AL MAGISTERIO.
4. ARCELIA YOLANDA LEÓN RAMÍREZ, CREE QUE DESTRUYENDOME A MÍ, LA MADRE DEL MENOR VÍCTIMA DE VIOLACIÓN EN EL INSTITUTO DE SU PROPIEDAD, POR SU PROPIO MARIDO, PUEDEN DESTRUIR LA ACUSACIÓN QUE MI HIJO DE CUATRO AÑOS DE EDAD SOSTUVO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO QUE HIZO LA INDAGATORIA DURANTE CASI DOCE HORAS EN VARIAS COMPARECENCIAS. SE HA CANSADO DE DIFAMARME Y DAÑARME MORALMENTE LLAMANDOME DESDE MENTIROSA, HASTA PROSTITUTA, CREE QUE PUEDE CONVENCER A LA CIUDADANÍA Y A LOS MAGISTRADOS QUE SOY TAN TERRIBLE QUE HE PODIDO ENGAÑAR A MINISTERIO PÚBLICOS, JUECES ESTATALES Y FEDERALES, MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS, A LA SECCIÓN XXII Y LAS ORGANIZACIONES DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA. SE EQUIVOCA ESA DEFENSORA DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA POR EL DELITO DE VIOLACIÓN. SON LAS PRUEBAS LAS QUE HAN CAUSADO CONVICCIÓN EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS, NO LETICIA VALDÉS MARTELL.
5. EN EL COLMO DEL ABSURDO, ME ACUSA DE ESTAR RESPALDADA POR ORGANIZACIONES RADICALES Y SE ATREVE A SIMULAR EL APOYO DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA, A TRAVÉS DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL ABOGADO JESÚS GRIJALBA, EN SU CONFERENCIA DE PRENSA DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2009.
6. MI FAMILIA Y YO NO TENEMOS LAS CANTIDADES MILLONARIAS QUE ARCELIA YOLANDA LEÓN RAMÍREZ ESTÁ GASTANDO EN PAGAR ESPECTACULARES, SPOTS DE RADIO, CONFERENCIAS DE PRENSA ARREGLADAS, ESPACIOS EN LOS MEDIOS QUE SE PRESTAN A LA MENTIRA Y A LA INFAMIA, PERO NO DESCANSAREMOS HASTA QUE SE HAGA JUSTICIA ANTE EL TERRIBLE DAÑO QUE OCASIONARON A MI HIJO CUANDO TENÍA CUATRO AÑOS DE EDAD. ¡NO PERMITAMOS QUE TUERZAN EL SENTIDO DE LA JUSTICIA! ¡EXIGIMOS UNA RESOLUCIÓN EN APEGO A DERECHO EN EL RECURSO DE APELACIÓN!
LETICIA VALDÉS MARTELL FAMILIA VALDÉS MARTELL
LICENCIADOS COADYUVANTES: FELIPE EDGARDO CANSECO RUIZ y FORTINO LÓPEZ VÁZQUEZ
En conferencia de prensa que ofreció a algunos medios de comunicación en la Ciudad de México el día viernes 11 de junio de 2009, a las 13:00 horas, de la cual algunos periodistas indignados por tanta evidente mentira me han proporcionado la grabación íntegra de la misma, la esposa de uno de los prófugos de la justicia ha vertido mentiras e infamias que me veo obligada a desmentir de una manera categórica de la siguiente:
1. ES ABSOLUTAMENTE FALSO QUE YO LE HUBIERA PEDIDO A ARCELIA YOLANDA LEÓN RAMÍREZ, NI POR VÍA TELEFÓNICA NI POR CUALQUIER OTRA VÍA, CANTIDAD ALGUNA DE DINERO A CAMBIO DE LA DIGNIDAD DE MI HIJO. ES ABSURDO E INVEROSÍMIL QUE DOS AÑOS Y MEDIO DESPUÉS DE LOS HECHOS ELLA “RECUERDE” DICHA SITUACIÓN INEXISTENTE. LA REALIDAD ES QUE ANTE EL FRACASO DE SUS INFLUENCIAS Y SUS CAMBIOS DE ESTRATEGIA DEFENSISTAS QUE ESTÁN DOCUMENTADAS EN EL EXPEDIENTE PENAL 133/2007, RADICADO EN EL JUZGADO TERCERO PENAL, HOY ARROJA TIERRA Y LODO, EN LUGAR DE TENER EL VALOR DE HACER QUE SE ENTREGUEN LOS PRÓFUGOS PARA QUE ENFRENTEN UN PROCESO JUDICIAL Y SE DEFIENDAN ANTE LOS TRIBUNALES.
2. YOLANDA LEÓN RECURRE AL DAÑO MORAL Y A LA CALUMNIA AL DENOSTAR EN CONTRA DE MI PERSONA Y PRETENDE SORPRENDER A LOS MEDIOS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA ENTREGANDO COPIAS DE LAS CONCLUSIONES DE SU DEFENSA, PERO YO LE PREGUNTO: ¿PORQUÉ NO SE ATREVE A ENTREGAR COPIA DE LAS CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO? ¿PORQUÉ NO SE ATREVE A ENTREGAR COPIAS DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE LE NEGÓ EL AMPARO A SU MARIDO Y SUS EMPLEADOS? ¿PORQUÉ NO ENTREGA COPIA DE LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS? SENCILLAMENTE PORQUE SABE QUE LOS DOCUMENTOS A LOS QUE ALUDO HUNDEN A SU MARIDO Y A SUS DOS EMPLEADOS, COMO CULPABLES DE LA VILEZA QUE COMETIERON CONTRA MI HIJO.
3. TRATANDO DE SORPRENDER A LA OPINIÓN PÚBLICA, EL INSTITUTO “SAN FELIPE” CONTRATÓ RECIENTEMENTE LOS SERVICIOS DEL LICENCIADO JESÚS GRIJALBA, QUIEN ACTÚA A TÍTULO ESTRICTAMENTE PERSONAL COMO ABOGADO PARTICULAR CONTRATADO POR YOLANDA LEÓN RAMÍREZ, DEBIENDO YO ACLARAR QUE ESTA PERSONA NO REPRESENTA, DE NINGUNA MANERA LA POSICIÓN DE LA SECCIÓN XXII DEL MAGISTERIO OAXAQUEÑO, NI DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA, QUIENES AL CONOCER DE LA INFAME TERGIVERSACIÓN QUE SE HA HECHO A PARTIR DE LA INTERVENCIÓN DE ESE MERCENARIO DEL DERECHO, ME HAN REAFIRMADO SU SOLIDARIDAD Y RESPETO, ASÍ COMO MÚLTIPLES ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, CON QUIENES MARCHÉ EL JUEVES 10 DE JUNIO DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ AL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE OAXACA Y COMO SE REFRENDARÁ NUEVAMENTE EL DOMINGO 14 DE JUNIO EN QUE LOS ACOMPAÑARÉ EN EL ANIVERSARIO DE LA REPRESIÓN AL MAGISTERIO.
4. ARCELIA YOLANDA LEÓN RAMÍREZ, CREE QUE DESTRUYENDOME A MÍ, LA MADRE DEL MENOR VÍCTIMA DE VIOLACIÓN EN EL INSTITUTO DE SU PROPIEDAD, POR SU PROPIO MARIDO, PUEDEN DESTRUIR LA ACUSACIÓN QUE MI HIJO DE CUATRO AÑOS DE EDAD SOSTUVO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO QUE HIZO LA INDAGATORIA DURANTE CASI DOCE HORAS EN VARIAS COMPARECENCIAS. SE HA CANSADO DE DIFAMARME Y DAÑARME MORALMENTE LLAMANDOME DESDE MENTIROSA, HASTA PROSTITUTA, CREE QUE PUEDE CONVENCER A LA CIUDADANÍA Y A LOS MAGISTRADOS QUE SOY TAN TERRIBLE QUE HE PODIDO ENGAÑAR A MINISTERIO PÚBLICOS, JUECES ESTATALES Y FEDERALES, MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS, A LA SECCIÓN XXII Y LAS ORGANIZACIONES DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA. SE EQUIVOCA ESA DEFENSORA DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA POR EL DELITO DE VIOLACIÓN. SON LAS PRUEBAS LAS QUE HAN CAUSADO CONVICCIÓN EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS, NO LETICIA VALDÉS MARTELL.
5. EN EL COLMO DEL ABSURDO, ME ACUSA DE ESTAR RESPALDADA POR ORGANIZACIONES RADICALES Y SE ATREVE A SIMULAR EL APOYO DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA, A TRAVÉS DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL ABOGADO JESÚS GRIJALBA, EN SU CONFERENCIA DE PRENSA DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2009.
6. MI FAMILIA Y YO NO TENEMOS LAS CANTIDADES MILLONARIAS QUE ARCELIA YOLANDA LEÓN RAMÍREZ ESTÁ GASTANDO EN PAGAR ESPECTACULARES, SPOTS DE RADIO, CONFERENCIAS DE PRENSA ARREGLADAS, ESPACIOS EN LOS MEDIOS QUE SE PRESTAN A LA MENTIRA Y A LA INFAMIA, PERO NO DESCANSAREMOS HASTA QUE SE HAGA JUSTICIA ANTE EL TERRIBLE DAÑO QUE OCASIONARON A MI HIJO CUANDO TENÍA CUATRO AÑOS DE EDAD. ¡NO PERMITAMOS QUE TUERZAN EL SENTIDO DE LA JUSTICIA! ¡EXIGIMOS UNA RESOLUCIÓN EN APEGO A DERECHO EN EL RECURSO DE APELACIÓN!
LETICIA VALDÉS MARTELL FAMILIA VALDÉS MARTELL
LICENCIADOS COADYUVANTES: FELIPE EDGARDO CANSECO RUIZ y FORTINO LÓPEZ VÁZQUEZ
BOLETIN DE PRENSA SECCIÓN XXII
El día de hoy la sección 22 del magisterio Oaxaqueño participó en la movilización Nacional convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE con el diez por ciento de sus bases en la Ciudad de México.
Azael Santiago Chepi secretario general de la sección XXII informó que en la movilización de la CNTE, en la ciudad de México, participaron aproximadamente 5000 profesores de las bases magisteriales de Oaxaca, y “con esto se cumplió casi en su totalidad el acuerdo emanado de la Asamblea Estatal”.
Es importante resaltar que gracias a la movilización de la CNTE , y el trabajo legal de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la sección XXII, este viernes se logro la liberación de 13 de los compañeros integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), detenidos el pasado 10 de junio durante la represión; quedando aun en prisión los compañeros Evaristo Mateo y Mariano Rolon, de los cuales Santiago Chepi, indicó estarán pendientes para que se concretice su liberación.
Saliendo del zócalo de la capital del país la CNTE recorrió, las sedes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el Senado de la República, en el Centro Histórico, la Secretaría de Gobernación (Segob), localizada en el cruce de avenida Bucareli y la calle de Atenas.
Miles de maestros de Puebla, Baja California, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y Oaxaca siendo la más numerosa, realizaron mítines en diferentes en dependencias federales con el objetivo de seguir manteniendo el rotundo no a la pretensión de reformar, los artículos 3º y el 31 Constitucional, el rechazo a la ACE, a las políticas privatizadores y la ley del ISSSTE.
Santiago Chepi dio a conocer que el próximo lunes la CNTE tendrá respuesta de alguna fecha en especifico; en que puedan entrevistarse con los funcionarios de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), expuso, que dicho planteamiento no había tenido eco con los gobiernos panistas, lo cual constituye un logro en el avance del movimiento Nacional de la CNTE.
Respecto a las declaraciones de un supuesto vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca sobre el caso del Instituto San Felipe; que este viernes se deslindó de la señora Leticia Valdés Martell.
El Secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección XXII Gustavo Tomas Hernández Cruz , aclaró que la señora Valdés Martell en dos ocasiones ha solicitado la solidaridad de la sección XXII, y las bases del magisterio; en acuerdo estatal decidieron darle el apoyo jurídico por lo que reiteró se seguirá brindado, y permanecerán vigilantes del proceso legal que lleva este caso.
Azael Santiago Chepi secretario general de la sección XXII informó que en la movilización de la CNTE, en la ciudad de México, participaron aproximadamente 5000 profesores de las bases magisteriales de Oaxaca, y “con esto se cumplió casi en su totalidad el acuerdo emanado de la Asamblea Estatal”.
Es importante resaltar que gracias a la movilización de la CNTE , y el trabajo legal de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la sección XXII, este viernes se logro la liberación de 13 de los compañeros integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), detenidos el pasado 10 de junio durante la represión; quedando aun en prisión los compañeros Evaristo Mateo y Mariano Rolon, de los cuales Santiago Chepi, indicó estarán pendientes para que se concretice su liberación.
Saliendo del zócalo de la capital del país la CNTE recorrió, las sedes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el Senado de la República, en el Centro Histórico, la Secretaría de Gobernación (Segob), localizada en el cruce de avenida Bucareli y la calle de Atenas.
Miles de maestros de Puebla, Baja California, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y Oaxaca siendo la más numerosa, realizaron mítines en diferentes en dependencias federales con el objetivo de seguir manteniendo el rotundo no a la pretensión de reformar, los artículos 3º y el 31 Constitucional, el rechazo a la ACE, a las políticas privatizadores y la ley del ISSSTE.
Santiago Chepi dio a conocer que el próximo lunes la CNTE tendrá respuesta de alguna fecha en especifico; en que puedan entrevistarse con los funcionarios de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), expuso, que dicho planteamiento no había tenido eco con los gobiernos panistas, lo cual constituye un logro en el avance del movimiento Nacional de la CNTE.
Respecto a las declaraciones de un supuesto vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca sobre el caso del Instituto San Felipe; que este viernes se deslindó de la señora Leticia Valdés Martell.
El Secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección XXII Gustavo Tomas Hernández Cruz , aclaró que la señora Valdés Martell en dos ocasiones ha solicitado la solidaridad de la sección XXII, y las bases del magisterio; en acuerdo estatal decidieron darle el apoyo jurídico por lo que reiteró se seguirá brindado, y permanecerán vigilantes del proceso legal que lleva este caso.
martes, 9 de junio de 2009
MÉXICO· Madre Coraje
Tomó conciencia de que su hijo de cuatro años de edad había sido violado
Leticia decidió sacar los hechos a la luz pública. Gracias a las reacciones de los medios locales de comunicación y a los ciudadanos que no tardaron en tomar las calles, el gobierno de Ulises Ruiz se vio obligado a solicitar la aprehensión de los acusados
Ella se llama Leticia Valdés Martell y ha decidido llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Sabe que a través de la atroz experiencia por la que atravesó su hijo se expresa la monstruosidad de un crimen social que por mucho la trasciende.
Leticia tomó conciencia de que su hijo de cuatro años de edad había sido violado cuando, en casa, el menor arrojó semen y sangre dentro de la taza del WC. Fue hasta ese momento que pudo reconstruir mentalmente la hebra de los hechos sufridos por el niño durante las tres semanas anteriores.
Entendió por
Con la muestra de esperma dentro de un frasco y el espíritu devastado, Leticia visitó médicos y siquiatras. Ella se define como madre y padre a la vez, pero los abuelos del menor no le han dejado enfrentar sola esta tragedia.
Primero tortuosamente y después de manera más fluida, el menor abusado pudo narrar la experiencia. A través de dibujos y algunas expresiones verbales reveló lo ocurrido.
En el Instituto San Felipe —uno de los más prestigiados de la ciudad de Oaxaca— su maestra, Magdalena García Soto; el esposo de la directora y dueña de la institución, Hugo Constantino García, y el maestro de computación, Adán Salvador Pérez, participaron, más de una vez, en el acoso y violación del menor.
El hijo de Leticia contó que mientras abusaban de él hubo siempre una cámara de video filmando los hechos. Afirma que lo colocaban encima de una plancha de hielo, sobre sus manos y rodillas, lo amordazaban y también esposaban.
Mientras tanto le gritaban. Ahí aprendió las palabras que luego repetiría durante sus pesadillas.
Después de prepararse sicológicamente, y de hacerlo también con su hijo, Leticia optó por llevar el asunto ante las autoridades del estado. Visitó primero al procurador general del estado, Evencio Martínez y luego presentó una denuncia ante el ministerio público de la entidad.
Cuál no sería su sorpresa a la hora en que comenzó a experimentar las complicidades tejidas entre el gobierno de Ulises Ruiz y los propietarios de la escuela.
En lugar de detener al menos de manera preventiva a los inculpados, el ministerio público se tardó cinco largos meses en solicitar a un juez la orden de aprehensión. En tanto, Constantino, Pérez y García Soto siguieron haciendo su vida “normal” la escuela.
Alrededor de 150 días después de presentada la denuncia, Leticia recibió una llamada de la procuradora especial para delitos sexuales de la entidad, Aída Gómez Piñón. Ella quería verle.
Durante la cita, la autoridad le propuso resolver el conflicto —como si se tratara de un accidente automovilístico— a través de una compensación monetaria.
Por extraordinario que parezca, la encargada de proteger a los oaxaqueños de crímenes sexuales optó por jugar el muy inmoral papel de mediadora económica.
Hincada aún más en su rabia por este episodio, Leticia decidió sacar los hechos a la luz pública. Fue gracias a las reacciones de los medios locales de comunicación y a los ciudadanos que no tardaron en tomar las calles que, finalmente, el gobierno de Ulises Ruiz se vio obligado a solicitar la aprehensión de los acusados.
Desgraciadamente los inculpados contaron con suficiente tiempo para fugarse. Por su calculada negligencia, las autoridades sólo pudieron detener a Magdalena García Soto. Hugo Constantino y Adán Salvador Pérez se esfumaron.
Un dato que llama políticamente la atención es que el abogado de la escuela San Felipe sea Jorge Eduardo Franco Jiménez. Un hombre muy influyente en Oaxaca, ya que entre sus antecedentes tiene haber sido legislador suplente de Ulises Ruiz, cuando el actual gobernador fuera senador de la República.
Este abogado es además el padre del actual líder del PRI en Oaxaca, también de nombre Jorge Eduardo Franco, quien antes fuera secretario general del gobierno local y actualmente está acusado por haber participado en la desaparición de dos de los líderes más importantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Evidentemente la influencia que la familia Franco tiene sobre el gobierno de Ulises Ruiz es muy superior a la que, hasta hoy, Leticia Velasco Martell posee.
Para contrarrestar, ella ha acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos —instancia que le dio la razón y respaldo— y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en breve, podría atraer el caso.
Hace tres semanas, efectivos de la Procuraduría General de la República y de la Agencia Federal de Investigaciones detuvieron un carro donde supuestamente se transportaba el señor Hugo Constantino García.
Se reporta que efectivos de la policía local encañonaron a los agentes federales y ayudaron a que, otra vez, escapara el ocupante del vehículo.
La noticia tomó por sorpresa a los oaxaqueños, pero no los escandalizó. Ha dejado de llamar la atención que en Oaxaca la autoridad local esté vinculada a hechos de crimen y corrupción.
La violación y filmación del hijo de Leticia son hechos que, por mucho, rebasan a esta valientísima madre: México es el segundo productor de pornografía infantil en el mundo.
Según instancias internacionales, cerca de 80 mil bebés, niños y adolescentes mexicanos caen anualmente en las garras de la red criminal que, en nuestro país, se dedica a la pederastia, a la corrupción y a la compra-venta de imágenes y videos donde se victimizan a los menores.
Cabe destacar que se trata de una fuente inmensa de recursos. A manera de ilustración, una película pornográfica con niños se vende en el mercado en alrededor de 200 mil pesos mexicanos.
Este asunto —como cualquier otro vinculado al crimen organizado— sólo puede subsistir gracias al apoyo que los victimarios reciben de las autoridades gubernamentales.
Si ocurre esta monstruosa tragedia es por la negligencia y por la asociación delictuosa del Estado. VANGUARDIA
* Ricardo Raphael es Maestro en ciencias políticaspor el Instituto de Estudios Políticos de París, y en Administración Pública por la ENA, Francia. Realizó estudios doctorales en Claremont, California.
Hoy es profesor de la División de Administración Pública del CIDE; analista político, articulista y columnista. M iembro de la mesa editorial de Nexos y del Consejo Consultivo del Conapo. Cuenta con diversas publicaciones sobre transición democrática, función pública, sistema de partidos, derechos y ciudadanía.
Leticia decidió sacar los hechos a la luz pública. Gracias a las reacciones de los medios locales de comunicación y a los ciudadanos que no tardaron en tomar las calles, el gobierno de Ulises Ruiz se vio obligado a solicitar la aprehensión de los acusados
Ella se llama Leticia Valdés Martell y ha decidido llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Sabe que a través de la atroz experiencia por la que atravesó su hijo se expresa la monstruosidad de un crimen social que por mucho la trasciende.
Leticia tomó conciencia de que su hijo de cuatro años de edad había sido violado cuando, en casa, el menor arrojó semen y sangre dentro de la taza del WC. Fue hasta ese momento que pudo reconstruir mentalmente la hebra de los hechos sufridos por el niño durante las tres semanas anteriores.
Entendió por
Con la muestra de esperma dentro de un frasco y el espíritu devastado, Leticia visitó médicos y siquiatras. Ella se define como madre y padre a la vez, pero los abuelos del menor no le han dejado enfrentar sola esta tragedia.
Primero tortuosamente y después de manera más fluida, el menor abusado pudo narrar la experiencia. A través de dibujos y algunas expresiones verbales reveló lo ocurrido.
En el Instituto San Felipe —uno de los más prestigiados de la ciudad de Oaxaca— su maestra, Magdalena García Soto; el esposo de la directora y dueña de la institución, Hugo Constantino García, y el maestro de computación, Adán Salvador Pérez, participaron, más de una vez, en el acoso y violación del menor.
El hijo de Leticia contó que mientras abusaban de él hubo siempre una cámara de video filmando los hechos. Afirma que lo colocaban encima de una plancha de hielo, sobre sus manos y rodillas, lo amordazaban y también esposaban.
Mientras tanto le gritaban. Ahí aprendió las palabras que luego repetiría durante sus pesadillas.
Después de prepararse sicológicamente, y de hacerlo también con su hijo, Leticia optó por llevar el asunto ante las autoridades del estado. Visitó primero al procurador general del estado, Evencio Martínez y luego presentó una denuncia ante el ministerio público de la entidad.
Cuál no sería su sorpresa a la hora en que comenzó a experimentar las complicidades tejidas entre el gobierno de Ulises Ruiz y los propietarios de la escuela.
En lugar de detener al menos de manera preventiva a los inculpados, el ministerio público se tardó cinco largos meses en solicitar a un juez la orden de aprehensión. En tanto, Constantino, Pérez y García Soto siguieron haciendo su vida “normal” la escuela.
Alrededor de 150 días después de presentada la denuncia, Leticia recibió una llamada de la procuradora especial para delitos sexuales de la entidad, Aída Gómez Piñón. Ella quería verle.
Durante la cita, la autoridad le propuso resolver el conflicto —como si se tratara de un accidente automovilístico— a través de una compensación monetaria.
Por extraordinario que parezca, la encargada de proteger a los oaxaqueños de crímenes sexuales optó por jugar el muy inmoral papel de mediadora económica.
Hincada aún más en su rabia por este episodio, Leticia decidió sacar los hechos a la luz pública. Fue gracias a las reacciones de los medios locales de comunicación y a los ciudadanos que no tardaron en tomar las calles que, finalmente, el gobierno de Ulises Ruiz se vio obligado a solicitar la aprehensión de los acusados.
Desgraciadamente los inculpados contaron con suficiente tiempo para fugarse. Por su calculada negligencia, las autoridades sólo pudieron detener a Magdalena García Soto. Hugo Constantino y Adán Salvador Pérez se esfumaron.
Un dato que llama políticamente la atención es que el abogado de la escuela San Felipe sea Jorge Eduardo Franco Jiménez. Un hombre muy influyente en Oaxaca, ya que entre sus antecedentes tiene haber sido legislador suplente de Ulises Ruiz, cuando el actual gobernador fuera senador de la República.
Este abogado es además el padre del actual líder del PRI en Oaxaca, también de nombre Jorge Eduardo Franco, quien antes fuera secretario general del gobierno local y actualmente está acusado por haber participado en la desaparición de dos de los líderes más importantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Evidentemente la influencia que la familia Franco tiene sobre el gobierno de Ulises Ruiz es muy superior a la que, hasta hoy, Leticia Velasco Martell posee.
Para contrarrestar, ella ha acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos —instancia que le dio la razón y respaldo— y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en breve, podría atraer el caso.
Hace tres semanas, efectivos de la Procuraduría General de la República y de la Agencia Federal de Investigaciones detuvieron un carro donde supuestamente se transportaba el señor Hugo Constantino García.
Se reporta que efectivos de la policía local encañonaron a los agentes federales y ayudaron a que, otra vez, escapara el ocupante del vehículo.
La noticia tomó por sorpresa a los oaxaqueños, pero no los escandalizó. Ha dejado de llamar la atención que en Oaxaca la autoridad local esté vinculada a hechos de crimen y corrupción.
La violación y filmación del hijo de Leticia son hechos que, por mucho, rebasan a esta valientísima madre: México es el segundo productor de pornografía infantil en el mundo.
Según instancias internacionales, cerca de 80 mil bebés, niños y adolescentes mexicanos caen anualmente en las garras de la red criminal que, en nuestro país, se dedica a la pederastia, a la corrupción y a la compra-venta de imágenes y videos donde se victimizan a los menores.
Cabe destacar que se trata de una fuente inmensa de recursos. A manera de ilustración, una película pornográfica con niños se vende en el mercado en alrededor de 200 mil pesos mexicanos.
Este asunto —como cualquier otro vinculado al crimen organizado— sólo puede subsistir gracias al apoyo que los victimarios reciben de las autoridades gubernamentales.
Si ocurre esta monstruosa tragedia es por la negligencia y por la asociación delictuosa del Estado. VANGUARDIA
* Ricardo Raphael es Maestro en ciencias políticaspor el Instituto de Estudios Políticos de París, y en Administración Pública por la ENA, Francia. Realizó estudios doctorales en Claremont, California.
Hoy es profesor de la División de Administración Pública del CIDE; analista político, articulista y columnista. M iembro de la mesa editorial de Nexos y del Consejo Consultivo del Conapo. Cuenta con diversas publicaciones sobre transición democrática, función pública, sistema de partidos, derechos y ciudadanía.
Justicia en Oaxaca
Por Carmen Aristegui F.
Reforma
(16-Ene-2009).-
Hace más de un año conocí la historia de Leticia Valdés. Mujer joven, madre de un pequeño de escasos 5 años que fue violado, agredido sexualmente y probablemente grabado o fotografiado en el Instituto San Felipe de la capital del estado de Oaxaca.
Después de varios días de recibir a su niño, de manos del colegio, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos se encontró con las evidencias de la violación sexual a la que estaba siendo sometido. Al auxiliar al pequeño en la limpieza, después de evacuar en el baño de su casa, se percató horrorizada de que lo que había expulsado el niño era líquido seminal. El doctor Isaías Valdés, abuelo del niño y médico de la localidad, guió por teléfono a la madre para conservar la evidencia de forma apropiada para presentarla como elemento clave en una investigación. Así lo hizo, y emprendió, a partir de ahí, una larga y fatigosa tarea para denunciar a los responsables de la violación de su pequeño hijo.
La señora Valdés, decidida a que los hechos que dañaron a su hijo no queden impunes y a que lo que le ocurrió al pequeño no le ocurra a nadie más, ha recorrido el tormentoso laberinto de la -llamémosla de algún modo- justicia oaxaqueña. Después de un año de no hablar con ella me he vuelto a encontrar con la señora Valdés y he podido repasar el caso. La revisión del caso nos muestra, nuevamente, las irregularidades cometidas durante el tortuoso proceso judicial, encabezado por el juez tercero de lo penal en Oaxaca. Se puede observar cómo, desde el principio, el caso no siguió el curso imparcial de un proceso judicial sino que se distorsionó desde el momento en que los copropietarios del instituto, Gabriel Hugo Constantino García, presunto pederasta prófugo, y su esposa, Yolanda León Ramírez, contaron con la defensa del abogado Jorge Franco, a la sazón parte del grupo político del gobernador Ulises Ruiz, quien ha tenido -según las narraciones- a la Procuraduría de Justicia del Estado literalmente a su servicio. El caso de la señora Valdés y su pequeño hijo es un botón de muestra de la inoperancia política y judicial que padece este estado de la República y que ha quedado acreditada a raíz del conflicto social y político que generó la revuelta popular con más de 20 muertes en el estado aún sin esclarecerse, entre otras muchas anomalías que invaden el "caso Oaxaca". Asunto que, por cierto, se encuentra siendo revisado por el máximo tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Es de esperarse que este año la Corte se pronuncie sobre el asunto y emita una resolución que pueda condenar la impunidad que ha marcado este conflicto. Junto a este tema que involucra factores múltiples y alcanza una gran repercusión social, sería deseable que se trajera a esta revisión amplia de la situación en Oaxaca también -aun de forma colateral- el caso de la señora Valdés y su pequeño hijo como una evidencia más del profundo problema que padece el sistema de justicia del estado. Máxime que la misma Suprema Corte conoce del caso, una vez que la señora Valdés logró la intervención de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien promovió la revisión del caso del Instituto San Felipe. La Corte atendió el asunto y se pronunció al respecto con una serie de medidas que no han sido debidamente atendidas, según señala la señora Valdés, quien acusó directamente al juez tercero de actuar bajo la consigna del gobernador Ulises Ruiz.
Por lo pronto, este caso -que ha tomado notoriedad en algunos medios de comunicación- ha dado un nuevo giro. Ya no sólo cuenta el instituto y estas personas con una defensa estrechamente cercana al gobernador Ruiz, tan cercana como que ha formado parte activa del grupo político del mandatario con cargos en la Secretaría General del estado y la suplencia como senador cuando Ruiz ostentaba ese cargo antes de ser gobernador. Esta situación, de suyo grave por la violación de un menor, arroja también información sobre posibles abusos a otros niños del mismo instituto y la posibilidad de la existencia de una red o algún otro tipo de organización dedicada al abuso de menores y pornografía infantil. Hay referencias, en los testimonios, de la existencia de cámaras, por ejemplo, en el lugar en donde el niño refiere que hubo las violaciones.
El punto es que, más de un año después, este caso que por extrañas razones ha movilizado una gran cantidad de recursos tanto económicos como políticos del entorno del gobernador Ruiz, ahora cuenta con una defensa reforzada. Han sido contratados -nada más ni nada menos que- los servicios del despacho de abogados que encabeza José Luis Nassar Daw -hijo del tristemente célebre Miguel Nassar Haro- y cuyos servicios de defensa, según se sabe, implican fuertes erogaciones a quien los requiere. ¿Por qué se despliegan tantos recursos en torno al caso del niño de Oaxaca? ¿Acaso la madre, con su activismo y constancia, se acerca a algo que no conviene que sea revelado?
Reforma
(16-Ene-2009).-
Hace más de un año conocí la historia de Leticia Valdés. Mujer joven, madre de un pequeño de escasos 5 años que fue violado, agredido sexualmente y probablemente grabado o fotografiado en el Instituto San Felipe de la capital del estado de Oaxaca.
Después de varios días de recibir a su niño, de manos del colegio, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos se encontró con las evidencias de la violación sexual a la que estaba siendo sometido. Al auxiliar al pequeño en la limpieza, después de evacuar en el baño de su casa, se percató horrorizada de que lo que había expulsado el niño era líquido seminal. El doctor Isaías Valdés, abuelo del niño y médico de la localidad, guió por teléfono a la madre para conservar la evidencia de forma apropiada para presentarla como elemento clave en una investigación. Así lo hizo, y emprendió, a partir de ahí, una larga y fatigosa tarea para denunciar a los responsables de la violación de su pequeño hijo.
La señora Valdés, decidida a que los hechos que dañaron a su hijo no queden impunes y a que lo que le ocurrió al pequeño no le ocurra a nadie más, ha recorrido el tormentoso laberinto de la -llamémosla de algún modo- justicia oaxaqueña. Después de un año de no hablar con ella me he vuelto a encontrar con la señora Valdés y he podido repasar el caso. La revisión del caso nos muestra, nuevamente, las irregularidades cometidas durante el tortuoso proceso judicial, encabezado por el juez tercero de lo penal en Oaxaca. Se puede observar cómo, desde el principio, el caso no siguió el curso imparcial de un proceso judicial sino que se distorsionó desde el momento en que los copropietarios del instituto, Gabriel Hugo Constantino García, presunto pederasta prófugo, y su esposa, Yolanda León Ramírez, contaron con la defensa del abogado Jorge Franco, a la sazón parte del grupo político del gobernador Ulises Ruiz, quien ha tenido -según las narraciones- a la Procuraduría de Justicia del Estado literalmente a su servicio. El caso de la señora Valdés y su pequeño hijo es un botón de muestra de la inoperancia política y judicial que padece este estado de la República y que ha quedado acreditada a raíz del conflicto social y político que generó la revuelta popular con más de 20 muertes en el estado aún sin esclarecerse, entre otras muchas anomalías que invaden el "caso Oaxaca". Asunto que, por cierto, se encuentra siendo revisado por el máximo tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Es de esperarse que este año la Corte se pronuncie sobre el asunto y emita una resolución que pueda condenar la impunidad que ha marcado este conflicto. Junto a este tema que involucra factores múltiples y alcanza una gran repercusión social, sería deseable que se trajera a esta revisión amplia de la situación en Oaxaca también -aun de forma colateral- el caso de la señora Valdés y su pequeño hijo como una evidencia más del profundo problema que padece el sistema de justicia del estado. Máxime que la misma Suprema Corte conoce del caso, una vez que la señora Valdés logró la intervención de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien promovió la revisión del caso del Instituto San Felipe. La Corte atendió el asunto y se pronunció al respecto con una serie de medidas que no han sido debidamente atendidas, según señala la señora Valdés, quien acusó directamente al juez tercero de actuar bajo la consigna del gobernador Ulises Ruiz.
Por lo pronto, este caso -que ha tomado notoriedad en algunos medios de comunicación- ha dado un nuevo giro. Ya no sólo cuenta el instituto y estas personas con una defensa estrechamente cercana al gobernador Ruiz, tan cercana como que ha formado parte activa del grupo político del mandatario con cargos en la Secretaría General del estado y la suplencia como senador cuando Ruiz ostentaba ese cargo antes de ser gobernador. Esta situación, de suyo grave por la violación de un menor, arroja también información sobre posibles abusos a otros niños del mismo instituto y la posibilidad de la existencia de una red o algún otro tipo de organización dedicada al abuso de menores y pornografía infantil. Hay referencias, en los testimonios, de la existencia de cámaras, por ejemplo, en el lugar en donde el niño refiere que hubo las violaciones.
El punto es que, más de un año después, este caso que por extrañas razones ha movilizado una gran cantidad de recursos tanto económicos como políticos del entorno del gobernador Ruiz, ahora cuenta con una defensa reforzada. Han sido contratados -nada más ni nada menos que- los servicios del despacho de abogados que encabeza José Luis Nassar Daw -hijo del tristemente célebre Miguel Nassar Haro- y cuyos servicios de defensa, según se sabe, implican fuertes erogaciones a quien los requiere. ¿Por qué se despliegan tantos recursos en torno al caso del niño de Oaxaca? ¿Acaso la madre, con su activismo y constancia, se acerca a algo que no conviene que sea revelado?
Miguel Angel Granados Chapa escribió sobre el caso del Instituto San Felipe
PLAZA PÚBLICA / La Corte defiende a los niños
Por Miguel Ángel Granados Chapa
(31-Oct-2008)
Aunque la investigación constitucional de la Suprema Corte sobre la violación de las garantías individuales de Lydia Cacho concluyó en la exoneración del gobernador Mario Marín, dejó en ese tribunal una semilla que el miércoles produjo uno de sus primeros frutos: la expedición de un criterio judicial sobre la extensión de la protección a los menores.
En aquella indagación infortunadamente fallida, el ministro Juan Silva Meza se percató del trascendental fondo del asunto que se expresó en el intento de acallar a la periodista y escritora por sus denuncias contra la pederastia y el comercio sexual infantil. Se trata de una agresión permanente de mafias internacionales a los derechos de los menores, que deben ser protegidos con diligencia extrema y por lo tanto castigados, con igualmente extremo rigor, quienes atentan contra ellos.
Esa percepción general se tradujo anteayer en una relevante sentencia de la primera sala de la Corte en un caso específico, cuyo alcance fue anticipado el 20 de mayo cuando el máximo tribunal aceptó atraer el caso de un niño violado por maestros del colegio al que asistía (que además grababan en video la agresión), en que un juez de distrito amparó a los acusados. La madre de la víctima solicitó que la Corte se hiciera cargo de la revisión, pedido que la ministra Olga María Sánchez Cordero hizo viable al presentarlo como suyo ante la sala. Al encargarse del caso, los ministros sabían que atenderlo “permitirá establecer criterios en torno a los derechos de las víctimas de delitos, en especial cuando se trata de niños, que deben cuidar las autoridades y que no sólo están contemplados en la Constitución, sino también en tratados internacionales firmados por México”.
En tal dirección se orientó la ponencia presentada por Silva Meza, con la que concordaron tres de sus compañeros de sala, mientras que hubo sólo un voto en contra. La sentencia resultante precisó que “cuando la víctima del delito es un menor, cuenta no sólo con las garantías que la Constitución federal prevé en su favor, sino también con la protección y tutela de la Convención sobre Derechos del Niño, cuya observancia es obligatoria y por ello debe suplirse la queja deficiente, independientemente de quienes promuevan o, incluso, cuando sin ser parte pudiera resultar afectado por la resolución que se dicte”. Según el resumen del fallo ofrecido a los medios, la sala concluyó que en un asunto como el resuelto el miércoles “dado que… la víctima es un menor de edad, todos los órganos jurisdiccionales, autoridades e instituciones que tengan que intervenir a lo largo del procedimiento penal respectivo, deberán observar los derechos fundamentales y garantías individuales con que cuenta el niño”.
El caso fue denunciado ante el Ministerio Público local en Oaxaca en noviembre de 2006 por la señora Leticia Valdez Martell, madre de la víctima, que sólo tenía cinco años de edad en los días en que fue atacado y cursaba el segundo grado de preescolar en el Instituto San Felipe, hasta ese momento un plantel privado de prestigio y al que el niño había sido inscrito en agosto, al comienzo del ciclo lectivo. Entre septiembre y noviembre el comportamiento del chico denotó que lo afectaba alguna circunstancia grave que sólo se aclaró cuando su madre encontró indicios de que se le había atacado sexualmente. El niño narró su tragedia, el ataque repetido que sufrió a manos de dos profesores de materias especiales, auxiliados por una maestra de grupo. Uno de los señalados, Hugo Gabriel Constantino, es el esposo de la directora del instituto, Yolanda León, muy bien situada en los círculos políticos de Oaxaca. El ahora alcalde capitalino, el priista José Antonio Hernández Fraguas, que había invitado a la señora León a formar parte de su planilla, inauguró una remodelación del plantel, trabajo arquitectónico que, al parecer, no sólo sirvió para un acto de relaciones públicas sino para ocultar evidencias o generar confusión, pues el área remodelada había sido el escenario de la agresión al niño.
Entre maniobras de diversa índole para disuadir a la denunciante de llevar adelante el caso, transcurrió cerca de un año, hasta que se dictó auto de formal prisión contra Pérez Ramírez y sus cómplices Hugo Constantino García y Magdalena García Soto. Los tres solicitaron amparo, que les fue concedido el 14 de diciembre, decisión judicial que permitió a los acusados desaparecer de la escena.
La demora en la averiguación previa había sido posible por la eficaz labor de los abogados contratados por el instituto, muy cercanos al gobernador Ulises Ruiz, por lo que la denunciante presumió que a ello se debía la pretensión de acallar los hechos. Jorge Franco Jiménez, uno de esos profesionales, había sido suplente de Ruiz en el Senado, cuyo escaño ocupó cuando el ahora gobernador se retiró a hacer campaña electoral en 2004. Su hijo, del mismo nombre, fue secretario de Gobierno y ahora preside el comité estatal priista. El otro abogado, Marcos Castillejos (a quien reemplazó su hijo Humberto), era un exitoso penalista, asesinado en la Ciudad de México hace unos meses en circunstancias no aclaradas todavía.
La Corte revocó la sentencia de amparo que protegió a los presuntos pederastas. Razonó que si bien los agravios expuestos por el Ministerio Público fueron insuficientes, el juez debió “suplir la queja”, es decir remediar el alegato de la fiscal, “atendiendo a los derechos y garantías que asisten al interés superior del niño”.
Por Miguel Ángel Granados Chapa
(31-Oct-2008)
Aunque la investigación constitucional de la Suprema Corte sobre la violación de las garantías individuales de Lydia Cacho concluyó en la exoneración del gobernador Mario Marín, dejó en ese tribunal una semilla que el miércoles produjo uno de sus primeros frutos: la expedición de un criterio judicial sobre la extensión de la protección a los menores.
En aquella indagación infortunadamente fallida, el ministro Juan Silva Meza se percató del trascendental fondo del asunto que se expresó en el intento de acallar a la periodista y escritora por sus denuncias contra la pederastia y el comercio sexual infantil. Se trata de una agresión permanente de mafias internacionales a los derechos de los menores, que deben ser protegidos con diligencia extrema y por lo tanto castigados, con igualmente extremo rigor, quienes atentan contra ellos.
Esa percepción general se tradujo anteayer en una relevante sentencia de la primera sala de la Corte en un caso específico, cuyo alcance fue anticipado el 20 de mayo cuando el máximo tribunal aceptó atraer el caso de un niño violado por maestros del colegio al que asistía (que además grababan en video la agresión), en que un juez de distrito amparó a los acusados. La madre de la víctima solicitó que la Corte se hiciera cargo de la revisión, pedido que la ministra Olga María Sánchez Cordero hizo viable al presentarlo como suyo ante la sala. Al encargarse del caso, los ministros sabían que atenderlo “permitirá establecer criterios en torno a los derechos de las víctimas de delitos, en especial cuando se trata de niños, que deben cuidar las autoridades y que no sólo están contemplados en la Constitución, sino también en tratados internacionales firmados por México”.
En tal dirección se orientó la ponencia presentada por Silva Meza, con la que concordaron tres de sus compañeros de sala, mientras que hubo sólo un voto en contra. La sentencia resultante precisó que “cuando la víctima del delito es un menor, cuenta no sólo con las garantías que la Constitución federal prevé en su favor, sino también con la protección y tutela de la Convención sobre Derechos del Niño, cuya observancia es obligatoria y por ello debe suplirse la queja deficiente, independientemente de quienes promuevan o, incluso, cuando sin ser parte pudiera resultar afectado por la resolución que se dicte”. Según el resumen del fallo ofrecido a los medios, la sala concluyó que en un asunto como el resuelto el miércoles “dado que… la víctima es un menor de edad, todos los órganos jurisdiccionales, autoridades e instituciones que tengan que intervenir a lo largo del procedimiento penal respectivo, deberán observar los derechos fundamentales y garantías individuales con que cuenta el niño”.
El caso fue denunciado ante el Ministerio Público local en Oaxaca en noviembre de 2006 por la señora Leticia Valdez Martell, madre de la víctima, que sólo tenía cinco años de edad en los días en que fue atacado y cursaba el segundo grado de preescolar en el Instituto San Felipe, hasta ese momento un plantel privado de prestigio y al que el niño había sido inscrito en agosto, al comienzo del ciclo lectivo. Entre septiembre y noviembre el comportamiento del chico denotó que lo afectaba alguna circunstancia grave que sólo se aclaró cuando su madre encontró indicios de que se le había atacado sexualmente. El niño narró su tragedia, el ataque repetido que sufrió a manos de dos profesores de materias especiales, auxiliados por una maestra de grupo. Uno de los señalados, Hugo Gabriel Constantino, es el esposo de la directora del instituto, Yolanda León, muy bien situada en los círculos políticos de Oaxaca. El ahora alcalde capitalino, el priista José Antonio Hernández Fraguas, que había invitado a la señora León a formar parte de su planilla, inauguró una remodelación del plantel, trabajo arquitectónico que, al parecer, no sólo sirvió para un acto de relaciones públicas sino para ocultar evidencias o generar confusión, pues el área remodelada había sido el escenario de la agresión al niño.
Entre maniobras de diversa índole para disuadir a la denunciante de llevar adelante el caso, transcurrió cerca de un año, hasta que se dictó auto de formal prisión contra Pérez Ramírez y sus cómplices Hugo Constantino García y Magdalena García Soto. Los tres solicitaron amparo, que les fue concedido el 14 de diciembre, decisión judicial que permitió a los acusados desaparecer de la escena.
La demora en la averiguación previa había sido posible por la eficaz labor de los abogados contratados por el instituto, muy cercanos al gobernador Ulises Ruiz, por lo que la denunciante presumió que a ello se debía la pretensión de acallar los hechos. Jorge Franco Jiménez, uno de esos profesionales, había sido suplente de Ruiz en el Senado, cuyo escaño ocupó cuando el ahora gobernador se retiró a hacer campaña electoral en 2004. Su hijo, del mismo nombre, fue secretario de Gobierno y ahora preside el comité estatal priista. El otro abogado, Marcos Castillejos (a quien reemplazó su hijo Humberto), era un exitoso penalista, asesinado en la Ciudad de México hace unos meses en circunstancias no aclaradas todavía.
La Corte revocó la sentencia de amparo que protegió a los presuntos pederastas. Razonó que si bien los agravios expuestos por el Ministerio Público fueron insuficientes, el juez debió “suplir la queja”, es decir remediar el alegato de la fiscal, “atendiendo a los derechos y garantías que asisten al interés superior del niño”.
ULISES RUIZ: PROTECTOR DE PEDERASTAS
Por: Lydia Cacho Ribeiro
Hace tres meses, me buscó la madre de una de las niñas que fuera utilizada, a los 5 años, para fabricar pornografía infantil por la red de Succar Kuri, protegido de Kamel Nacif, de Mario Marín y Emilio Gamboa, entre otros. Con la mirada inundada de desesperanza, con la voz cansada, con la ira colgada de su pecho, me dijo que luego de casi cuatro años de abogados, de juicios, de amenazas de muerte, Succar otra vez quiere que su hija vaya a verlo y declare por enésima vez. Y la niña, ahora de quince años, habla de quitarse la vida si la fuerzan a ir al penal de La Palma a ver a su abusador; si otro juez se atreve a pedirle que narre sus recuerdos de terror infantil. Y la madre dice que si tiene que matar a alguien, pues mata, pero a su hija no la vuelven a llevar a un juzgado. Y menos aun cuando la Suprema Corte avaló la protección de Kamel Nacif Y Mario Marín, la protección a la red de pederastas y políticos que se protegen por intereses compartidos, intereses empresariales, políticos, de lavado de dinero. Pero no va a matar a nadie, volverá a su hogar a soñar que algún preso compasivo asesina al pederasta en su celda. Ese es el sueño que le permite dormir, que le da esperanza.
A esas madres se suma una más joven, de Oaxaca, llena de orgullo maternal, de dignidad, cuenta una y otra vez las historias. Su mirada muestra cómo su corazón ya está al borde del desconsuelo. Trae consigo los videos –como los traían las víctimas de la red de Succar Kuri-, lleva consigo fotografías y peritajes médicos del daño ocasionado a su bebé por los pederastas. Y habla, y habla para que su país le crea, le crea que aquello que está más que probado, mas que demostrado sí sucedió. Que lo real es cierto.
Leticia Valdez Martell, en su periplo agotador por los medios, busca con la fortaleza de una madre arquetípica, que los culpables paguen por eso que se ve en los videos, por violar bebés en una escuela y grabarles para producir pornografía infantil.
Mientras ella se atreve a decir la verdad, Ulises Ruiz da órdenes para silenciarla. Según una secretaria del juzgado de Oaxaca, hay órdenes precisas del gobernador para que el caso se dilate, para que no se sigan acumulando pruebas. Ordenes para que se apague el caso en el cuál está implicados la propietaria del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez, su esposo, Hugo Gabriel Constantino, su sobrino y profesor de ese centro escolar, Alan Salvador Pérez Ramírez. Pero no están solos. Han sacado ya de la Procuraduría de Oaxaca doce expedientes de casos similares con los mismos implicados pero a los cuales se suman nombres de agentes de la policía estatal de Veracruz y de Oaxaca. Personajes del PRI estatal y según las fuentes, un pedófilo perteneciente al PRD de esa entidad. Ninguno de esos expedientes tiene seguimiento; no pude averiguar si fue por amenazas a las familias o por falta de respaldo jurídico de las familias para, como suele suceder, hacer su propia investigación; o si fue por una mezcla de ambas.
Una y otra vez el periodismo nos recuerda, particularmente las televisoras con su amarillismo morboso y sus noticieros vacuos, que preguntar no es investigar. Que evitar las preguntas correctas, aunque toquen a los poderosos, no es hacer buen periodismo. Buscar todas las fuentes, escuchar a las víctimas, sí, pero a la vez utilizar sus pistas para seguir a quienes han puesto a las víctimas en semejante situación, es enterar a la sociedad de los entresijos de esa historia.
El no ir detrás de los perpetradores para investigar, no buscar y cuestionar a las redes de poder, a todos los actores de la historia, puede nulificar esa realidad y debilitarla, hasta que se convierta en parte del anecdotario de las infamias mexicanas.
Si el detalle morboso, no investigado, se repite una y otra vez durante una semana, o un mes, llega a convertirse en un elíxir inmunizante. Hasta que quien escucha cambia la estación, el canal o la página. Algunos le cambian porque no pueden más con la impunidad, otros porque no entienden que la historia de Leticia Valdez no es la de un niño violado y una madre desesperada, es la historia de un México productor de pornografía infantil, de un México donde el robo de niños y niñas se relaciona, en muchos casos, con la explotación sexual. La historia de un país donde desde el poder político y judicial los pedófilos se fortalecen, se une y celebran su poder.
Escuchar e investigar la historia de Doña Leticia Valdez, la madre del niño abusado por una red de pederastas y pornógrafos infantiles en Oaxaca, me hace pensar en ella; en sus noches oscuras, en su indignación, en su fragilidad, en sus miedos galopantes. En su esperanza.
Leticia Valdez narra una y otra vez aquél ignominioso siete de noviembre de 2006, el día en que descubrió que su hijo fue víctima de violación, cuando en el baño el pequeño se quejaba y suplicaba para no ir más a la escuela. Mientras los medios eluden el tema de fondo. ¿Por qué las otras madres y padres de criaturas violadas por el mismo clan y que producían pornografía infantil, han guardado silencio? ¿Por qué el Procurador General Eduardo Medina Mora insiste en el noticiero de Loret de Mola que las violaciones a los Derechos Humanos denunciadas por Amnistía Internacional son casos individuales? ¿Por qué las y los fiscales especiales niegan la existencia de redes de pornografía que las y los periodistas y las propias víctimas demuestran una y otra vez que sí existen? Las redes de impunidad para los grupos criminales no se tejen en silencio, sino a la vista del país entero. Se tejen desde el poder.
Cuántas veces más Leticia tendrá que repetir: “Él ya no quería ir a la escuela, ponía resistencia, tenía pesadillas, se escondía, y no dormía. El niño estaba aterrado. Después de ir a terapias dibujó lo que los violadores le hacían, pues lo video grabaron, ahora ya está mucho mejor”. ¿Cuantos millones de madres y padres mexicanos tendrán que salir a los medios a anunciar que abusaron de sus criaturas y que por decir la verdad están bajo amenazas de muerte?
¿Por qué el caso Valdez llegó hasta la Suprema Corte de Justicia?
No llegó porque haya pruebas suficientes para ser contemplado por el tribunal supremo como un caso ejemplar de abuso sexual infantil; aunque algunos ministros intenten llevar agua a ese molino. Ni llegó porque a la Suprema Corte le interese preguntar a Ulises Ruiz cuál es su papel en el caso de obstrucción de justicia y colusión de servidores públicos. Ni para averiguar por qué cuando los violadores estaban a punto de ser arrestados por agentes federales, la policía estatal impidió el arresto.
El caso no llegó a la Suprema Corte porque Ulises Ruiz, gobernador constitucional de Oaxaca protege indirectamente a la red de pederastas. Ni llegó a la corte porque uno de los abogados de los pederastas y de sus cómplices, es Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente del PRI en Oaxaca. Ni tampoco llegó a la Corte porque los pederastas, que son muchos y muy bien acomodados en el empresariado y en la política oaxaqueña, veracruzana y poblana, aceitaron la maquinaria de la impunidad. Ni a la Corte le interesará el porqué del silencioso proceder de el Secretario General de Gobierno, Manuel Teofilo García Corpus; del Procurador General de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; del secretario de protección ciudadana, Sergio Segreste Ríos. O del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, Alberto Alejandro Márquez Moreno.
Pero la sociedad no se puede equivocar; el caso no fue atraído por la Suprema Corte porque sea del interés de la mayoría de ministras y ministros, sino porque los abogados de Doña Leticia hicieron bien su trabajo y tienen derecho a impedir que los pederastas queden protegidos por la ley y consigan un amparo del Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca. Es el trabajo de la Corte revisar ese amparo.
Hay que recordar el informe “Infancia Robada: Niñas y niños víctimas de explotación sexual en México”. En Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula y Tijuana se estimó que había 4 mil 600 niñas y niños en esa situación en el año 2000; en la Ciudad de México 2 mil 500; en otras zonas como Monterrey, Puebla y León, mil; en otras zonas turísticas importantes como Puerto Vallarta, Cozumel, Playa del Carmen, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Ixtapa, Huatulco, mil 500. Leticia salvó a su niño, lo escuchó y reaccionó a tiempo.
El gobierno del estado de Oaxaca también salvó a los suyos. Mientras tanto la producción de pornografía infantil “casera” como le llama un agente de INTERPOL, crece bajo el amparo del poder.
El Procurador General encontrará argumentos para convertir este, como millones, en “casos individuales” de violación a los Derechos Humanos. Ignorando el papel que juega la utilización del poder del estado en defensa de los delincuentes. Pero ya sabemos que a los Derechos Humanos los expulsa de México el gobierno federal y les escupe en el rostro José Luís Soberanes, el Ombudsman que sueña con llegar a la Suprema Corte; para ello se ha preparado.
Los atentados contra Leticia y su familia no quedarán silenciados. La sociedad vigila a Ulises Ruiz y a sus redes que protegen a la pornografía infantil. Una cosa queda clara: Ni Leticia, ni su familia están solas. Millones de mexicanas y mexicanos estamos a su lado.
Hace tres meses, me buscó la madre de una de las niñas que fuera utilizada, a los 5 años, para fabricar pornografía infantil por la red de Succar Kuri, protegido de Kamel Nacif, de Mario Marín y Emilio Gamboa, entre otros. Con la mirada inundada de desesperanza, con la voz cansada, con la ira colgada de su pecho, me dijo que luego de casi cuatro años de abogados, de juicios, de amenazas de muerte, Succar otra vez quiere que su hija vaya a verlo y declare por enésima vez. Y la niña, ahora de quince años, habla de quitarse la vida si la fuerzan a ir al penal de La Palma a ver a su abusador; si otro juez se atreve a pedirle que narre sus recuerdos de terror infantil. Y la madre dice que si tiene que matar a alguien, pues mata, pero a su hija no la vuelven a llevar a un juzgado. Y menos aun cuando la Suprema Corte avaló la protección de Kamel Nacif Y Mario Marín, la protección a la red de pederastas y políticos que se protegen por intereses compartidos, intereses empresariales, políticos, de lavado de dinero. Pero no va a matar a nadie, volverá a su hogar a soñar que algún preso compasivo asesina al pederasta en su celda. Ese es el sueño que le permite dormir, que le da esperanza.
A esas madres se suma una más joven, de Oaxaca, llena de orgullo maternal, de dignidad, cuenta una y otra vez las historias. Su mirada muestra cómo su corazón ya está al borde del desconsuelo. Trae consigo los videos –como los traían las víctimas de la red de Succar Kuri-, lleva consigo fotografías y peritajes médicos del daño ocasionado a su bebé por los pederastas. Y habla, y habla para que su país le crea, le crea que aquello que está más que probado, mas que demostrado sí sucedió. Que lo real es cierto.
Leticia Valdez Martell, en su periplo agotador por los medios, busca con la fortaleza de una madre arquetípica, que los culpables paguen por eso que se ve en los videos, por violar bebés en una escuela y grabarles para producir pornografía infantil.
Mientras ella se atreve a decir la verdad, Ulises Ruiz da órdenes para silenciarla. Según una secretaria del juzgado de Oaxaca, hay órdenes precisas del gobernador para que el caso se dilate, para que no se sigan acumulando pruebas. Ordenes para que se apague el caso en el cuál está implicados la propietaria del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez, su esposo, Hugo Gabriel Constantino, su sobrino y profesor de ese centro escolar, Alan Salvador Pérez Ramírez. Pero no están solos. Han sacado ya de la Procuraduría de Oaxaca doce expedientes de casos similares con los mismos implicados pero a los cuales se suman nombres de agentes de la policía estatal de Veracruz y de Oaxaca. Personajes del PRI estatal y según las fuentes, un pedófilo perteneciente al PRD de esa entidad. Ninguno de esos expedientes tiene seguimiento; no pude averiguar si fue por amenazas a las familias o por falta de respaldo jurídico de las familias para, como suele suceder, hacer su propia investigación; o si fue por una mezcla de ambas.
Una y otra vez el periodismo nos recuerda, particularmente las televisoras con su amarillismo morboso y sus noticieros vacuos, que preguntar no es investigar. Que evitar las preguntas correctas, aunque toquen a los poderosos, no es hacer buen periodismo. Buscar todas las fuentes, escuchar a las víctimas, sí, pero a la vez utilizar sus pistas para seguir a quienes han puesto a las víctimas en semejante situación, es enterar a la sociedad de los entresijos de esa historia.
El no ir detrás de los perpetradores para investigar, no buscar y cuestionar a las redes de poder, a todos los actores de la historia, puede nulificar esa realidad y debilitarla, hasta que se convierta en parte del anecdotario de las infamias mexicanas.
Si el detalle morboso, no investigado, se repite una y otra vez durante una semana, o un mes, llega a convertirse en un elíxir inmunizante. Hasta que quien escucha cambia la estación, el canal o la página. Algunos le cambian porque no pueden más con la impunidad, otros porque no entienden que la historia de Leticia Valdez no es la de un niño violado y una madre desesperada, es la historia de un México productor de pornografía infantil, de un México donde el robo de niños y niñas se relaciona, en muchos casos, con la explotación sexual. La historia de un país donde desde el poder político y judicial los pedófilos se fortalecen, se une y celebran su poder.
Escuchar e investigar la historia de Doña Leticia Valdez, la madre del niño abusado por una red de pederastas y pornógrafos infantiles en Oaxaca, me hace pensar en ella; en sus noches oscuras, en su indignación, en su fragilidad, en sus miedos galopantes. En su esperanza.
Leticia Valdez narra una y otra vez aquél ignominioso siete de noviembre de 2006, el día en que descubrió que su hijo fue víctima de violación, cuando en el baño el pequeño se quejaba y suplicaba para no ir más a la escuela. Mientras los medios eluden el tema de fondo. ¿Por qué las otras madres y padres de criaturas violadas por el mismo clan y que producían pornografía infantil, han guardado silencio? ¿Por qué el Procurador General Eduardo Medina Mora insiste en el noticiero de Loret de Mola que las violaciones a los Derechos Humanos denunciadas por Amnistía Internacional son casos individuales? ¿Por qué las y los fiscales especiales niegan la existencia de redes de pornografía que las y los periodistas y las propias víctimas demuestran una y otra vez que sí existen? Las redes de impunidad para los grupos criminales no se tejen en silencio, sino a la vista del país entero. Se tejen desde el poder.
Cuántas veces más Leticia tendrá que repetir: “Él ya no quería ir a la escuela, ponía resistencia, tenía pesadillas, se escondía, y no dormía. El niño estaba aterrado. Después de ir a terapias dibujó lo que los violadores le hacían, pues lo video grabaron, ahora ya está mucho mejor”. ¿Cuantos millones de madres y padres mexicanos tendrán que salir a los medios a anunciar que abusaron de sus criaturas y que por decir la verdad están bajo amenazas de muerte?
¿Por qué el caso Valdez llegó hasta la Suprema Corte de Justicia?
No llegó porque haya pruebas suficientes para ser contemplado por el tribunal supremo como un caso ejemplar de abuso sexual infantil; aunque algunos ministros intenten llevar agua a ese molino. Ni llegó porque a la Suprema Corte le interese preguntar a Ulises Ruiz cuál es su papel en el caso de obstrucción de justicia y colusión de servidores públicos. Ni para averiguar por qué cuando los violadores estaban a punto de ser arrestados por agentes federales, la policía estatal impidió el arresto.
El caso no llegó a la Suprema Corte porque Ulises Ruiz, gobernador constitucional de Oaxaca protege indirectamente a la red de pederastas. Ni llegó a la corte porque uno de los abogados de los pederastas y de sus cómplices, es Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente del PRI en Oaxaca. Ni tampoco llegó a la Corte porque los pederastas, que son muchos y muy bien acomodados en el empresariado y en la política oaxaqueña, veracruzana y poblana, aceitaron la maquinaria de la impunidad. Ni a la Corte le interesará el porqué del silencioso proceder de el Secretario General de Gobierno, Manuel Teofilo García Corpus; del Procurador General de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; del secretario de protección ciudadana, Sergio Segreste Ríos. O del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, Alberto Alejandro Márquez Moreno.
Pero la sociedad no se puede equivocar; el caso no fue atraído por la Suprema Corte porque sea del interés de la mayoría de ministras y ministros, sino porque los abogados de Doña Leticia hicieron bien su trabajo y tienen derecho a impedir que los pederastas queden protegidos por la ley y consigan un amparo del Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca. Es el trabajo de la Corte revisar ese amparo.
Hay que recordar el informe “Infancia Robada: Niñas y niños víctimas de explotación sexual en México”. En Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula y Tijuana se estimó que había 4 mil 600 niñas y niños en esa situación en el año 2000; en la Ciudad de México 2 mil 500; en otras zonas como Monterrey, Puebla y León, mil; en otras zonas turísticas importantes como Puerto Vallarta, Cozumel, Playa del Carmen, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Ixtapa, Huatulco, mil 500. Leticia salvó a su niño, lo escuchó y reaccionó a tiempo.
El gobierno del estado de Oaxaca también salvó a los suyos. Mientras tanto la producción de pornografía infantil “casera” como le llama un agente de INTERPOL, crece bajo el amparo del poder.
El Procurador General encontrará argumentos para convertir este, como millones, en “casos individuales” de violación a los Derechos Humanos. Ignorando el papel que juega la utilización del poder del estado en defensa de los delincuentes. Pero ya sabemos que a los Derechos Humanos los expulsa de México el gobierno federal y les escupe en el rostro José Luís Soberanes, el Ombudsman que sueña con llegar a la Suprema Corte; para ello se ha preparado.
Los atentados contra Leticia y su familia no quedarán silenciados. La sociedad vigila a Ulises Ruiz y a sus redes que protegen a la pornografía infantil. Una cosa queda clara: Ni Leticia, ni su familia están solas. Millones de mexicanas y mexicanos estamos a su lado.
¿Por qué no el de San Felipe?
La Columna Rota
Por Verónica Villalvazo
Después de 2 años y 2 meses de que Leticia Váldes Martell descubrió que su pequeño de 4 años estaba siendo ultrajado por Hugo Gabriel Constantino García (copropietario del Instituto “San Felipe”) y Adán Salvador Pérez Ramírez (maestro de computación), esposo y sobrino, respectivamente, de Yolanda León Ramírez, directora general y copropietaria del mismo, las autoridades oaxaqueñas han respondido no actuando enérgicamente y aplicando la ley; no, sino protegiendo a los principales implicados en el caso y retardando si no es que torciendo la acción de la justicia.
Además, contrario a otros casos que ahora salen a la luz pública, la señora Leticia ha sido injuriada mediante una campaña mediática de descalificaciones con el fin de demeritar su posición social, su vida personal y atribuyendo motivos políticos y de otra índole a la promoción de los derechos de su pequeño.
Hasta amenazas de muerte contra ella y su familia ha sufrido de los poderosos, no solamente por parte de la directora y personal de dicho Instituto, sino por quien al principio tenía la defensa de los implicados en el caso: Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente estatal del PRI.
Ambos personajes han sido señalados por la ofendida de estar detrás de todo, al propiciar ayuda a los responsables de dicha acusación para que evadan la acción de la justicia, y a últimas fechas, prohijar la defensa actual de los acusados y de la única detenida Magdalena García, a cargo ahora del despacho de abogados que encabeza José Luis Nazar Dawn, hijo del tristemente célebre torturador y policía Miguel Nazar Haro.
Dolorosamente el día 14 de enero de 2009 se descubrió un nuevo caso de pederastia en el estado y lo más degradante en otro kínder, donde el conserje del jardín de niños “Jean Piaget”, Misael Velasco Fabián es señalado por los padres de cuatro menores de atacar sexualmente a sus hijos.
Uno de los lemas que enarbola Leticia Valdés, dice: “Ayúdame a no permitir que un crimen de pederastia le pueda suceder también a tu Hijo”, el cual dignifica aún más la lucha de esta madre llena de coraje y dolor conjugados; para no nada más buscar una justicia que no llega para su pequeño, si no para evitar que este dolor afecte a otras familias.
Lo cuestionable es que mientras los acusados (poderosos) de abusar sexualmente del pequeño de Leticia siguen prófugos; pagando a quienes los apoyan un millón y medio de dólares por su defensa, que salen de quién sabe dónde, los delincuentes no reciben el mismo trato de la “justicia” oaxaqueña como se observa contrariamente en los casos que esta semana han ido apareciendo.
Al ser cuestionados los funcionarios sobre el caso San Felipe, sólo se limitan a decir que “se está trabajando”. Por la pequeña víctima y su madre, que prevalece sin justicia desde mayo del 2007, no hubo un boletín especial por parte del procurador Evencio Nicolás Martínez para decir que “todo el peso de la ley ( recaería ) sobre los responsables del caso”, o que “las investigaciones se llevarían hasta sus últimas consecuencias”, o también que “no habría impunidad en éste ni en ningún otro hecho delictivo”, y “que se brindaría atención médica y psicológica a las víctimas”.
Este lenguaje lamentablemente no se usó para proteger a las víctimas del San Felipe, como contrariamente ya se hizo con el pederasta del “Jean Piaget”.
Nadie está cuestionando esta pronta respuesta de la Procuraduría; al contrario, se aplaude y se espera que en efecto se llegue a las últimas consecuencias. Pero y entonces ante el caso San Felipe, ¿Por qué no? Por qué nadie se mete con los abusadores de un colegio protegido por los poderosos, ¿Por qué no?
Por Verónica Villalvazo
Después de 2 años y 2 meses de que Leticia Váldes Martell descubrió que su pequeño de 4 años estaba siendo ultrajado por Hugo Gabriel Constantino García (copropietario del Instituto “San Felipe”) y Adán Salvador Pérez Ramírez (maestro de computación), esposo y sobrino, respectivamente, de Yolanda León Ramírez, directora general y copropietaria del mismo, las autoridades oaxaqueñas han respondido no actuando enérgicamente y aplicando la ley; no, sino protegiendo a los principales implicados en el caso y retardando si no es que torciendo la acción de la justicia.
Además, contrario a otros casos que ahora salen a la luz pública, la señora Leticia ha sido injuriada mediante una campaña mediática de descalificaciones con el fin de demeritar su posición social, su vida personal y atribuyendo motivos políticos y de otra índole a la promoción de los derechos de su pequeño.
Hasta amenazas de muerte contra ella y su familia ha sufrido de los poderosos, no solamente por parte de la directora y personal de dicho Instituto, sino por quien al principio tenía la defensa de los implicados en el caso: Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente estatal del PRI.
Ambos personajes han sido señalados por la ofendida de estar detrás de todo, al propiciar ayuda a los responsables de dicha acusación para que evadan la acción de la justicia, y a últimas fechas, prohijar la defensa actual de los acusados y de la única detenida Magdalena García, a cargo ahora del despacho de abogados que encabeza José Luis Nazar Dawn, hijo del tristemente célebre torturador y policía Miguel Nazar Haro.
Dolorosamente el día 14 de enero de 2009 se descubrió un nuevo caso de pederastia en el estado y lo más degradante en otro kínder, donde el conserje del jardín de niños “Jean Piaget”, Misael Velasco Fabián es señalado por los padres de cuatro menores de atacar sexualmente a sus hijos.
Uno de los lemas que enarbola Leticia Valdés, dice: “Ayúdame a no permitir que un crimen de pederastia le pueda suceder también a tu Hijo”, el cual dignifica aún más la lucha de esta madre llena de coraje y dolor conjugados; para no nada más buscar una justicia que no llega para su pequeño, si no para evitar que este dolor afecte a otras familias.
Lo cuestionable es que mientras los acusados (poderosos) de abusar sexualmente del pequeño de Leticia siguen prófugos; pagando a quienes los apoyan un millón y medio de dólares por su defensa, que salen de quién sabe dónde, los delincuentes no reciben el mismo trato de la “justicia” oaxaqueña como se observa contrariamente en los casos que esta semana han ido apareciendo.
Al ser cuestionados los funcionarios sobre el caso San Felipe, sólo se limitan a decir que “se está trabajando”. Por la pequeña víctima y su madre, que prevalece sin justicia desde mayo del 2007, no hubo un boletín especial por parte del procurador Evencio Nicolás Martínez para decir que “todo el peso de la ley ( recaería ) sobre los responsables del caso”, o que “las investigaciones se llevarían hasta sus últimas consecuencias”, o también que “no habría impunidad en éste ni en ningún otro hecho delictivo”, y “que se brindaría atención médica y psicológica a las víctimas”.
Este lenguaje lamentablemente no se usó para proteger a las víctimas del San Felipe, como contrariamente ya se hizo con el pederasta del “Jean Piaget”.
Nadie está cuestionando esta pronta respuesta de la Procuraduría; al contrario, se aplaude y se espera que en efecto se llegue a las últimas consecuencias. Pero y entonces ante el caso San Felipe, ¿Por qué no? Por qué nadie se mete con los abusadores de un colegio protegido por los poderosos, ¿Por qué no?
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